El Gobierno negó que el decreto para adquirir vacunas Pfizer comprometa las regalías petroleras

Frente a las críticas de la oposición, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, justificó ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que el Gobierno haya apelado a un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley de vacunas que permitirá la provisión de vacunas contra el Covid-19 para uso pediátrico. Asimismo, la funcionaria negó que dicho DNU habilite la posibilidad de ejecutar regalías petroleras ante un eventual incumplimiento argentino.

“Estas regalías de ninguna manera incluyen las de las provincias, sino son las regalías que cobra la República Argentina. Entonces, mal puede ir un acreedor a cobrarle a un estado distinto al Estado Nacional”, enfatizó Ibarra en respuesta a los diputados de Juntos por el Cambio, que advirtieron que el DNU presidencial pondría en riesgo las regalías que perciben las provincias petroleras por sus recursos naturales.

Asimismo, Ibarra indicó que el decreto incluyó, dentro del listado de bienes del Estado a ser eximidos de eventuales ejecuciones judiciales, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

El diputado chubutense Gustavo Menna, de Juntos por el Cambio, advirtió que con este decreto, “más bienes del Estado quedarán expuestos a eventuales ejecuciones” por parte de un tribunal extranjero si el Estado nacional no responde ante eventuales litigios que pudiesen ocasionarse por posibles daños que generen las vacunas adquiridas.

“Los bienes bajo dominio privado han desparecido del listado de bienes que no pueden ser ejecutados que estaba incluido en la ley de vacunas aprobada en octubre pasado. Sólo quedarán a salvo los bienes de dominio público y los privados afectados a un servicio público -sostuvo Menna-. También fueron excluidas las regalías; es cierto que, por el artículo 124 de la Constitución Nacional, éstas son dominio de las provincias. Pero la eliminación de la palabra ‘regalías’ del decreto debió exigir mayores recaudos. Si la intención no es comprometer las regalías de las provincias, ¿por qué se eliminó la palabra del texto? Había que dejarlo explícito. Con esta modificación nos exponemos a un riesgo innecesario, la interpretación de un juez”.

“Hay urgencia”

Ibarra explicó que la modificación, vía DNU, de la ley de vacunas obedeció a la necesidad de superar los obstáculos que impedían cerrar las negociaciones con el laboratorio Pfizer y otras firmas norteamericanas. Para ellos se eliminó la palabra “negligencia” de la norma como supuesto de responsabilidad para los laboratorios. Esto es porque los laboratorios norteamericanos no quieren hacerse cargo de un resarcimiento económico en caso de que se presente un daño en un paciente.

“¿Por qué se decidió por un decreto? Porque hay necesidad y porque hay urgencia. Hace un mes se aprobó la vacuna Pfizer para uso pediátrico para menores de 12 a 17 años. Esa es la importancia de contar con esta vacuna cuanto antes para menores con comorbilidades en la Argentina. Es necesario actuar rápido porque es importante, necesario y prioritario”, enfatizó Ibarra, quien indicó que, con esta modificación al marco legal, nuestro país podrá recibir la donaciones de vacunas prometidas por el gobierno de los Estados Unidos (serían aproximadamente 2,3 millones de dosis) como así también las dosis de laboratorios norteamericanos del fondo Covax.

“Los tiempos del Congreso Nacional no están previstos para estas emergencias”, insistió Ibarra. El senador Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, rechazó el argumento. “Usted ningunea a los legisladores. Debería pedir disculpas por estas palabras desafortunadas”, sostuvo.

Por otra parte, Ibarra retrucó las críticas opositoras por la demora del Gobierno en acordar con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas. “Esto no es ir a la esquina a comprar galletitas; se trata de una negociación con laboratorios internacionales con sus casas matrices, con asesores globales, con normas regulatorias globales. Hemos realizado un enorme trabajo técnico jurídico para acercar posiciones que estaban muy lejos. Se buscaron muchas opciones, se hicieron muchas consultas, esto no es una cuestión que se resuelve en un día”, enfatizó Ibarra.

Los diputados de Juntos por el Cambio refutaron los argumentos de Ibarra. El diputado Pablo Tonelli sostuvo que, con este DNU, el Gobierno incurrió en un “profundo menoscabo y desprecio” hacia el Congreso, que pudo sancionar una ley modificatoria en tiempo récord, tal como lo hizo cuando sancionó, en menos de un mes, la actual norma sobre vacunas.

“Las leyes las sanciona el Congreso y el Poder Ejecutivo tiene prohibido hacerlo. Es cierto que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución permite al Poder Ejecutivo dictar normas con contenido legislativo cuando siempre y cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible la sanción de una ley por parte del Congreso. Este no es el caso porque nosotros, desde Juntos por el Cambio, hemos ofrecido dar nuestro apoyo para modificar la ley de vacunas”, enfatizó.

En efecto, en la sesión del jueves pasado la bancada opositora propuso debatir un proyecto en ese sentido para destrabar las negociaciones con los laboratorios norteamericanos pero el oficialismo, en la voz del diputado oficialista Pablo Yedlin, lo rechazó. Poco después, el Gobierno anunciaba el dictado del DNU.

En defensa de Yedlin, Ibarra enfatizó que el proyecto de Juntos por el Cambio que proponía eliminar la palabra “negligencia” como supuesto de responsabilidad de los laboratorios, no bastaba para cerrar un acuerdo con Pfizer y otros laboratorios norteamericanos.

“La palabra negligencia era un obstáculo, sí, pero no fue el único”, enfatizó la funcionaria. En este sentido, aclaró que esa palabra “no era y nunca fue el único reclamo. Todo hubiese sido más sencillo si el reclamo era solo la eliminación de esa palabra”.

La Nación