Por Aries, Juan Martín Biella, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, Juan Martín Biella, informó que el último relevamiento del Observatorio de la institución – realizado poco más de 40 días atrás – arrojó que, sobre 3178 locales comerciales, el 18% se encuentra cerrado. 

“Lo normal era que tengamos un 5% porque hay reposición”, detalló y explicó que, al momento de realizarse la primera apertura de actividades, luego del confinamiento estricto el año pasado, este porcentaje había escalado al 11% a pesar de un pequeño recupero en esta etapa, sin embargo, fue pasando el tiempo y el número de locales comerciales cerrados creció exponencialmente.

Los comercios cerrados – advirtió – significan menos puestos de trabajo y el estudio citado marca que el cese de actividades llegó incluso al microcentro y, especialmente, a grandes locales con más de 30 trabajadores.

“La dificultad es la falta de previsión”, disparó Biella al momento de analizar qué motiva la situación.

Y continuó: “Los comerciantes necesitan reglas claras, hay muchos emprendedores en Salta, pero no tienen previsibilidad. Eso es lo que le pedimos al COE; reglas claras. Salta no es como Capital Federal, montar un negocio cuesta muchísimo. Cada local que se cierra es muy difícil que se recupere”. 

Por otro lado, Biella brindó un panorama en lo que refiere a alquileres de casas particulares y señaló que la demanda es altísima. Ello responde, indicó, a la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio del año pasado – “que es un mamarracho”, aseguró – y que no se cumple en su apartado, a su entender, fundamental: la ayuda estatal para los inquilinos.

“Hay temor e incertidumbre entre propietarios”, describió.

Alerto, asimismo, que en sus 35 o 40 años de profesión nunca había visto que el precio de los alquileres supere el índice inflacionario, tal cual ocurre actualmente.

“Eso es porque los propietarios alquilaron caro o porque directamente retiraron sus inmuebles del mercado”, explicó Biella.

En esta aspecto, aseguró que también es necesario que el Estado brinde previsibilidad y que no se inmiscuya en la relación entre propietarios e inquilinos ya que, por lo menos en Salta, el 95% de estos últimos cumplieron con sus contratos sin mayores inconvenientes, por lo que los DNU dictados localmente no fueron necesario y, al contrario, dijo, generaron daño en el sector.

“Necesitamos que el Gobierno cumpla la Ley donde dice que tienen garantías los inquilinos, planes nacionales de vivienda, líneas de crédito, entre otras medidas”, destacó Biella y consideró que, si el Estado quiere ayudar a los inquilinos, debería resignar el 60% en impuestos que se lleva de cada alquiler. “Cada $10.000, el Estado se lleva $6.000”, apuntó finalizando.