Los gobiernos del mundo se han enfocado, en mayor o menor medida y dentro de sus posibilidades, en mejorar los ingresos personales de las familias con el mero objetivo de apuntalar el nivel de consumo y así reactivar la demanda doméstica. En medio de una pandemia, aún irresoluta, las esperanzas de la recuperación no encuentran cobijo en la inversión, sobre todo, ante semejante nivel de capacidad ociosa. Por ende, el salario real asume sin lugar a dudas no sólo el rol de variable clave sino el protagonismo dentro de los motores de la ansiada recuperación.

Algo que para el decálogo de la política económica kirchnerista no es ajeno, es más, ha sido una de las banderas que acompañó el virtuoso ciclo de Néstor Kirchner y parte del final de Cristina Fernández. Sobre todo en tiempos electorales. En épocas normales, la desaceleración inflacionaria y/o la mejora de la productividad laboral darían lugar a un salto de calidad en el salario real. Pero lamentablemente estos no son tiempos normales, aunque sí electorales.

No cabe duda que la coalición gobernante presupuestó una mejora del salario real para este año, sobre todo tras la debacle del año anterior. Pero los pronósticos parecen haberse quedado cortos, o más bien, fueron sobrestimados en virtud de la pauta oficial de inflación. Porque estimaciones privadas como la del Estudio Ferreres dan cuenta que este año el salario real habrá caído casi 7% punta a punta.

¿Qué significa esto? Que el salario real promedio anual encadenará su cuarta caída consecutiva: -6,3% en 2018; -9,5% en 2019; -3,6% en 2020 y un -3,7% para este año. A simple vista queda en evidencia el golpe al bolsillo de los trabajadores, ya que en cuatro años han perdido más de 21%. Claro que a las familias no hace falta mostrarle el indicador de OJF para vislumbrar el deterioro de sus ingresos. Pero estos números podrían ser calificados como “vergonzosos” siguiendo el reciente razonamiento de la diputada Fernanda Vallejos, cuyas declaraciones incluso hicieron recordar la frase del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando “blanqueó” a fines de 1992 que para vivir no podía ganar menos de 10.000 pesos/dólares por mes, lo cual era lógico y entendible.

Ni la remuneración de un superministro como lo fue Cavallo ni la que parece considerar, digamos, decorosa la legisladora Vallejos estarían en discusión sino fuera por la coyuntura de ambos momentos. Lo cierto es que más allá de una tenue y transitoria mejora que podrá venir de la mano del retraso tarifario pautado, de la sensación de “bienestar” que puede brindar un dólar más depreciado ya que cuando el peso se aprecia los argentinos parecen disfrutar de la ilusión del dólar “barato” aunque ahora no se pueda viajar, y de una desaceleración de la inflación vinculada a la canasta alimenticia vía controles, precios máximos y otros artilugios, todo este combo no llegaría a plasmar una recuperación del salario real que repiquete en los bolsillos familiares al cabo del año.

Y si bien las negociaciones salariales parecen ahora estar cerrándose por encima de los primeros acuerdos del año, aún continúan firmándose por debajo de la inflación esperada, más allá que el resultado final dependerá del detalle de las cláusulas de cada paritaria sobre el tipo de corrección a aplicar. Varios gremios, muchos considerados esenciales, y que habían como los Bancarios acordado paritarias cercanas a la pauta oficial de inflación presionan para reabrir las negociaciones.

En este contexto, la señal simbólica del aumento del 40% para legisladores y empleados del Congreso, puede establecer un nuevo marco para la discusión salarial pero dependerá de la situación de cada sector y de cada empresa. Mientras tanto, el gremio de Camioneros parece aprovechar la música presionando por un aumento de 45%. Pero para el común de la gente las expectativas son inquietantes. Y así el consumo no llegaría a aportar todo lo que se pretende electoralmente.

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