Una jueza interina define el sobreseimiento de los Romero en la causa del hangar
Después de la anulación dispuesta por la Sala I del Tribunal de Impugnación y del pedido de sobreseimiento hecho por la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, el juzgado de Garantías define la causa.
Con los votos de los jueces Luciano Martini y Ramón Medina, el Tribunal de Impugnación resolvió en agosto del año pasado declarar la nulidad del pedido de juicio realizado por el exfiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, el 23 de abril de 2013.
Los jueces tomaron la decisión de tirar la causa el pasado 27 de agosto, tras un recurso de casación interpuesto por la defensa del actual senador nacional, Juan Carlos Romero. Vale destacar que el Juez Medina ya había beneficiado a Romero cuando en 2018 declaró la nulidad de la elevación a juicio de la causa “La Ciénaga”.
En la causa conocida como “del Hangar”, y plasmado en el requerimiento a juicio hecho hace siete años, el entonces Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, le atribuyó a Juan Carlos Romero la responsabilidad de la autoría de las negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración, ambos en concurso real.
Sin embargo, con la nulidad de la causa, la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, pidió a fines de febrero el sobreseimiento del senador nacional, Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, y el exsecretario general de la Gobernación, Raúl Romeo Medina y el exdirector de Aviación, Ricardo Funes.
Por Aries, Salinas Odorisio recordó que la causa que lleva más de nueve años, ella se hizo cargo de la misma hace solo cinco meses y ahora el futuro de la investigación depende de la jueza de Garantías 6, María Edith Rodríguez, quien debe resolver sobre la petición de sobreseimiento.
Aseguró que cuando tomó la determinación, desconocía sobre candidaturas o elecciones próximas en las que uno de los acusados, Juan Esteban Romero, se presenta.
“No vamos a tener elementos suficientes para superar valoración moral de esa situación y decir que existe un delito”, sostuvo la integrante del Ministerio Público y confirmó que la jueza de Garantías-interina del Juzgado 5-, María Edith Rodríguez, debe resolver si hace lugar o no al beneficio para los Romero.
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