El gobierno de Romero había tomado una decisión “desde arriba”, sin explicación o consulta a los habitantes del pueblo, avanzó en un proyecto turístico. Los pobladores temían que ese desarrollo causara el aumento del costo de vida en razón del impacto de los “precios turista”, que la afluencia de personas amenazara la calma, la seguridad y la cultura del pueblo, así como que se produjera una extranjerización de la tierra con el consiguiente despojo a los lugareños. Las organizaciones locales solicitaban que, si había que pagar ese precio, la hostería debía ser administrada por la comunidad.

 El gobierno de Urtubey desoyó el pedido y avanzó hacia una consulta vía referéndum, para que el pueblo decidiera el conflicto. El resultado sorprendió al gobierno que tuvo que acatar la voluntad expresada mayoritariamente, para que el edificio aloje a un albergue estudiantil para los jóvenes de parajes lejanos que deben estudiar en Nazareno[1].

Quienes participaron del proceso desde el gobierno, manifiestan que la lección aprendida fue que hay que tomar decisiones con fuerte nivel de consenso. Que la consulta a la población afectada debía ser en forma previa, y que la gestión de cada política pública debe ser participativa.

A diez años del evento, parece que en Salta, las enseñanzas se olvidan fácilmente. No sólo no se ha avanzado en la implementación de formas de democracia participativa sino que, a pesar de existir  en la ciudad de Salta una ordenanza para llevar adelante presupuestos participativos, ningún intendente la puso en práctica. Esa forma de participación ciudadana es esencial para definir por ejemplo, la remodelación de espacios públicos, la aprobación de medidas en calles, avenidas y plazas, para permitir la presentación de propuestas ciudadanas, para tomar decisiones ambientales, de gestión de residuos urbanos, entre otras.

Sin información, sin consulta previa, nos despertamos un día y vimos que la avenida Belgrano está siendo intervenida en forma muy antiestética y peligrosa con bloques de cemento para la construcción de bici-sendas. ¿Existía una demanda pública en ese sentido? El Concejal Raúl Córdoba afirmó que existe falta de acceso a la información, que no se sabe por qué comenzaron por calle Belgrano donde circulan colectivos, taxis y remises, donde hay escuelas y colegios y comercios con dársenas, cuando sólo el 3,5% de la población usa bicicleta y el 2,5% circula por la periferia[2]. Si a los concejales les falta información, ¿qué podemos decir de la ciudadanía?.

Se ha destruido la avenida Belgrano, especialmente a la altura del polo gastronómico, afectando no sólo la circulación y la estética de una manera grosera, sino que, en una ciudad donde existe un problema crítico de falta de estacionamiento, se ha bloqueado la posibilidad de estacionar para acceder a la zona de restaurantes, bares y confiterías. El municipio ha destruido las posibilidades de recuperación de los locales de gastronomía. Si se hubiera consultado a los vecinos se podría haber evitado el daño.

Bettina Romero ha impuesto una política pública desde arriba, ha decidido que los salteños debemos circular en bicicleta porque es un transporte saludable. ¿No se le ocurrió consultar previamente a la ciudadanía cuáles son los problemas colectivos más urgentes? De esta forma se ha dado la espalda al experto vivencial más importante, como  son los vecinos, que bien podrían haber sugerido soluciones desde la cotidianeidad o desde la innovación social. 

Igual visión crítica tengo con la decisión de impedir la circulación alrededor de la plaza 9 de julio. Además de las molestias a los vecinos, se ha privado de un paseo tradicional, al tiempo que ha eliminado las posibilidades de acceso a los negocios gastronómicos que languidecen a la vuelta de la plaza. Falta una mirada de conjunto, falta un conocimiento profundo de la vida, las interacciones, las actividades en el éjido municipal.

La implicación directa de la ciudadanía en la producción de políticas públicas locales es una demanda de la época. Las decisiones inconsultas, desde arriba, que afectan la vida cotidiana tienden a ser rechazadas. Una intervención de estas características sin consenso, llevará a que el trabajo sea eliminado por un próximo intendente. Habremos malgastado tiempo y recursos económicos.

El municipio debe salir del decimonónico modelo del pídame que yo, como gobierno, ya proveeré, a un nuevo modelo de participación basado en la lógica de “cómo lo podemos hacer juntos” para dar respuesta a los problemas de nuestro municipio.

Esa participación ciudadana debe darse en una escalera ascendente hacia un mayor empoderamiento de las personas lo que implica una cesión de poder por parte de las autoridades. El primer escalón es la información, el municipio te informa; el segundo es la consulta, el municipio te pregunta; el tercer escalón es la decisión: lo decidimos juntos, y el cuarto escalón es la corresponsabilidad, lo decidimos y lo hacemos juntos. 

La participación ciudadana debe darse en todas las etapas de las políticas públicas: en el diagnóstico, la planificación, la ejecución y el seguimiento. Salir del esquema feudal en que vivimos implica un cambio cultural hacia una lógica colaborativa, dejando de lado la permanencia de prácticas paternalistas, asistencialistas y clientelares así como ciertas formas de privatizar determinados ámbitos públicos que no han resuelto los problemas y muchas veces han generado otros[3]. 

 La democracia participativa es una reivindicación del aumento de poder para el pueblo, lo que significa un cambio en las relaciones de poder, cediendo protagonismo a la sociedad civil. No se trata de suplantar a la democracia representativa, sino de complementarla. Se trata de cambiar la dirección de las decisiones: ya no serán de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, desde la ciudadanía empoderada hacia las autoridades locales.

Hasta la semana próxima