De aquí en adelante y tras un período de gracia hasta el próximo 31 de diciembre, la Provincia tendrá que cancelar treinta y seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a una tasa inexistente en el mercado financiero del 0,10% nominal anual, que se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia que elabora el Banco Central. La garantía es la Coparticipación Federal de Impuestos. No es la operación la que debe debatirse. Es el contexto que empuja al Gobierno Provincial a echar mano a una herramienta creada precisamente para este tipo de situaciones. 

Con casi 100 mil empleados públicos y una deuda de unos 650 millones de dólares, no hay demasiadas opciones para una gestión que debe atender una emergencia sanitaria sin mayores antecedentes. Mucho menos si se tiene en cuenta que el Covid 19 se instaló en el país cuando no se habían definido políticas para revertir una de las recurrentes crisis económicas, tarea que debía iniciarse con la renegociación de una impagable deuda externa, sin apoyo financiero internacional y en manos de un sector político que transita la vereda de un dudoso progresismo.

Con una conflictividad social contenida por tarifas congeladas, precios máximos, emergencia alimentaria cubierta con un fuerte asistencialismo financiado con recursos federales y la amenaza del coronavirus, pasan desapercibidos esos y otros datos de la realidad provincial. Uno de ellos es que se realizan ingentes esfuerzos para remontar un virtual default tras el  vencimiento del pago de 16 millones de dólares, que obligan a una negociación con titulares de bonos que están distribuidos por todo el mundo. Por delante hay solo quince días y la intención de canjear bonos por el total de la deuda por 388 millones de dólares  con mejores plazos y menores tasas de interés. Cabe señalar que el mismo propósito tuvieron provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y fracasaron en todos los casos.

Paralelamente a estos ingentes esfuerzos, se realizan otros para reformular la matriz presupuestaria de la Provincia, que en la última década dejó de lado lineamientos de disciplina fiscal que obligaban a que, en ningún caso, la inversión en pago de salarios superara la mitad del gasto público. Ese límite ha sido generosamente rebasado y en ese rubro se invierte casi el 80% del presupuesto. Revertir esa relación improductiva exigirá políticas que pueden tener alto costo social.

La única opción para disponer de recursos, por ahora es la asistencia financiera del Gobierno nacional, en el marco de un programa creado en abril último, cuando la cuarentena ya estaba mostrando el desgaste que generaba en los sectores públicos y privados. Y está sirviendo al objetivo de cubrir las necesidades ocasionadas por el Covid-19 y sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales, en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales.

Pero no hay lugar para ninguna pretensión que no sea la supervivencia en unidad. 

Salta, 16 de julio de 2020