Los otros procesados son Aníbal Anaquín, Álvaro Anaquín, Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman. A todos el juez los consideró miembros de dos asociaciones ilícitas que "en forma organizada, con roles bien definidos y permanencia en el tiempo, tuvieron como objetivo común la comision de delitos de naturaleza tributaria".

Según el procesamiento, la primera asociación fue liderada y organizada por Huergo y "secundada por" Aníbal y Alvaro Anaquín, Mimessi, Romero, Silva y Llanos y consistió en la formación de empresas, "bajo distintas figuras societarias, integradas por interpósitas personas insolventes, para ocultar a su verdadero propietario que era Matías Huergo y quien era también principal responsables de su administración, gobierno y dirección".

Estas empresas, Arcadio Obras Eléctricas SRL, SEC SA, Lusal Obras y Servicios SRL y Obrar SRL, se usaban para obtener "beneficios fiscales inapropiados" y de esta manera se evadian impuestos. 

SEC SA, por ejemplo, tenía como accionistas a Romero y a Camila Muñoz, pero en la investigación se pudo determinar que "eran meros prestanombres", que no tenían capacidad para comprar acciones ni para dirigir una empresa que solo entre abril y junio de 2017 facturó a la Municipalidad de Salta "sumas millonarias en concepto de provisión, instalacion de luminarias y farolas en el ejido municipal". En ese entonces el actual gobernador Gustavo Sáenz era el intendente de la ciudad de Salta. 

La segunda asociación ilícita estuvo conformada por Guzmán Garriga, Romero y Esliman y "se dedicó a facilitar la evasión de impuestos a terceros, a través de la creación y comercialización de facturación falsa" que les era solicitada por distintos contribuyentes. Hay un hilo conductor entre ambas asociaciones ilícitas, no solo por la participación de Romero en ambas, sino también porque entre las empresas que requerían estas facturaciones falsas se cuentan SEC SA y Arcadio Obras Eléctricas SRL, que buscaban esta documentación para "reducir fraudulentamente su carga impositiva", se señala en el procesamiento. 

Según cálculos de la AFIP, que viene impulsando esta investigación, la organización ilícita "habría duplicado facturas cuyo monto de IVA superaría los cien millones de pesos para los períodos fiscales 2015 a 2018".

El juez les trabó embargo por $76.900.000. Los nueve procesados seguirán en libertad. En su momento solo Huergo estuvo detenido. 

Además, el magistrado liberó de toda responsabilidad penal a Muñoz y a Jorge Luis Bonifacio, que aparecía involucrado en estos hechos cuando comenzó la investigacion. Por otro lado, Huergo tiene otro procesamiento, con pedido de que se eleve a juicio, en la justicia provincial, donde se lo investiga por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Lusal, encargada del alumbrado púbico en la ciudad de Salta, porque se aprovechó de su condición de director de esta firma para disponer de recursos de la compañía en beneficio personal y de su propia empresa, Arcadio SRL.

Además, Huergo y varios de los ahora procesados por Bavio, están involucrados en otra causa referida a las facturaciones realizadas a la Municipalidad y a organismos del estado provincial, como Aguas del Norte. En principio, estos posibles delitos fueron denunciados junto con la evasión impositiva pero el juez entendió que por tratarse de perjuicios al erario municipal y provincial eran de competencia de la justicia provincial. La AFIP apeló esta decisión y siguiendo la vía de los recursos, el trámite llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, donde espera una resolución para poder continuar la investigación en la jurisdicción que se determine.

Fuente: Página 12