Involucran a Sergio Leavy y a Alfredo Olmedo en el robo de caños gasíferos

“Nosotros los norteños conocemos la situación, esto no es nada nuevo, la sustracción de los caños la venimos viendo hace dos años y la Justicia no controla, hay 19 denuncias por los distintos robos”, sostuvo – por Aries – Sergio Heredia, abogado del secretario de Hacienda de Aguaray, Fredy Céspedes, uno de los imputados por el robo de caños del Gasoducto NEA. 

En este línea, el letrado indicó que se trata de un proceder “viejo” que comenzó en el sur del país y describió que las empresas se asociaban con dueños de campos para la tarea; hoy, con los caños agotados en esa zona, el norte se erigió como “una ciudad de oro”; un lugar próspero para el robo del material, consideró

“Quedó el Gasoducto NEA y todos los caños a la intemperie; son caños que se venden a 5 mil dólares en el mercado negro”, apuntó.

Para Heredia, lo ocurrido en Aguaray disparará – o debiera disparar, al menos -una “mega causa” que investigue todos los robos producidos; hechos que catalogó como “asombrosos” porque se dieron a plena luz del día y, debido a la naturaleza de la tarea, se requirió de una actividad muy grande que involucra el uso de maquinaria pesada. Además, añadió, existen controles en todas las rutas, por lo que se necesitan remitos y facturas para trasladar los caños.

“A mi humilde entender, cuando no hay control, el Estado, o funcionarios del Estado, están involucrados”, disparó el abogado.

En el caso puntual de Aguaray, relató que el intendente de esa localidad – hoy también imputado – firmó una resolución donde autoriza a una empresa a sacar estos elementos que podrían ser contaminantes, entonces, esa resolución era utilizada por la firma para atravesar los controles.

Así las cosas, sobre su cliente, quien también estampó su firma en el documento citado, Heredia aseguró que lo hizo en reemplazo del Secretario de Gobierno, quien por ese entonces, 23 de diciembre de 2019, se encontraba en un viaje de comisión hacia la Capital salteña. Firmó también liquidaciones de sueldos, ayudas a movimientos piqueteros, entre otros papeles, por lo que – sostuvo – se le hará sencillo explicar la situación de Céspedes, acotó.

“Obviamente aquí están involucrados políticos, diputados nacionales, etc.; esto no se hace sin tener impunidad”, arremetió el abogado y continuó: “Se hicieron 19 denuncias en el departamento, la pregunta entonces es ¿qué se hizo?”.

Según su visión, los intendentes – y ex intendentes - del Departamento San Martín deberían ser investigados por la Justicia ya que hay causas por robo producidos en Tartagal, Tonono, Rivadavia y Embarcación.

Con los datos aportados, al ser consultado sobre si el ex intendente de Tartagal y actual senador nacional, Sergio Leavy, tendría alguna responsabilidad en todo esto, Heredia respondió tajante: “Por supuesto, desde ya lo digo”.  

Apuntó que bajo la administración de Sergio Bergman - ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri – se hizo un expediente para que una empresa se encargue de la extracción de cañería contaminante en el norte provincial. Como ese expediente requería el compromiso del Estado provincial y de los dueños de los campos – aseguró el letrado – las empresas tomaron este expediente y directamente “hicieron negocios con las intendencias”.

Lo cierto es que en la Legislatura salteña se ha presentado un proyecto de intervención del Municipio de Aguaray a raíz de lo sucedido. Este proyecto fue presentado por Ramón Villa, presidente del bloque del Frente Para la Victoria y dirigente del Partido del Victoria, justamente, el partido al que pertenece el intendente de esa localidad, Jorge Prado.

Para Heredia, se trata de una maniobra para ocultar todos los hechos anteriores al robo en Aguaray; “además de la intervención ¿qué proyecto hay para lograr una investigación seria de esta problemática?”, cuestionó y, concluyendo, señaló que hay cañería robada que fue a parar a distintos sectores de la provincia y que también se debería investigar.

“En Rosario de la Frontera hay caños en la finca de la familia Olmedo, hay caños por todos lados”, disparó el letrado y anunció que pedirá, a modo de prueba, que las distintas intendencias norteñas abran sus archivos para observar los movimientos de autorizaciones y demás acciones que habrían permitido el robo de la cañería. 

“Si van a imputar a un Secretario de Hacienda porque firmó una resolución, vamos a buscar todo para que esto se esclarezca”, sentenció Heredia.