Desde el Foro de Observación de la Calidad Institucional en Salta, señaló Saravia, se ha advertido en reiteradas oportunidades la ruptura del equilibrio que debe tener el sistema acusatorio entre acusación y defensa. Y es que, explicó, cuando el CIF pasa a depender de una sola de las partes de dicha dualidad, es cuando el mentado equilibrio se rompe.

“Creemos desde el FOCIS que tienen que jugar ahora los resortes institucionales. El propio Ministerio Público tiene como objetivo la protección del principio de legalidad, si se rompe el equilibrio en el sistema acusatorio podría haber ahí una cuestión constitucional”, alertó el abogado y apuntó que la Defensoría General debe procurar la paridad de armas entre la defensa y la acusación.

En este punto, indicó Saravia, también el Colegio de Abogados de Salta debería pronunciarse para defender intereses y derechos de los abogados particulares. El silencio de esta instituciones respecto al tema, expresó, es una muestra más de cómo el equilibrio se rompe; “aquellos instituciones que deben opinar se mantienen en silencio”, consideró.

El contexto social en el que se producen estas modificaciones es particular, al menos, analizó el especialista. Tanto víctimas como familiares de las mismas creen que, por el solo hecho de que el CIF sea comandado por un Fiscal, las cuestiones penales se resolverán de un día para el otro y no es así. 

Otro aspecto abordado por el integrante del FOCIS fue la polémica suscitada a partir de la sanción de la nueva Ley de Ministerios. El artículo 17 del proyecto de reforma establece que los ministros del Poder Ejecutivo y el Secretario General de la Gobernación, gozan de la misma inmunidad que los legisladores.

“Tiene dos artículos inconstitucionales: no se puede consagrar por vía legal inmunidades a los Ministros del Poder Ejecutivo, son meros secretarios del Gobernador. Las inmunidades solo la puede otorgar la Constitución”, describió Saravia. 

Así las cosas, el abogado arremetió caracterizando la situación como “una corruptela”. Según su análisis, la “mal denominada clase política” se convierte en una casta intocable que – por vía de los gastos reservados – se enriquece. 

“Esto también es una advertencia que va a hacer el FOCIS al nuevo gobernador, va a tener unos días para vetar esos artículos de la Ley de Ministerios”, indicó el especialista y advirtió que esto no hace más que reflejar la concentración de poder de la que hace gala el Ejecutivo.

Finalmente, Saravia opinó sobre la continuidad de Guillermo Catalano al frente de la Corte de Justicia de Salta.

“Es más de lo mismo. También hay proclividad en la Corte a la concentración de poder”, aseguró.

Tal concentración de poder, continuó, se refleja en el cúmulo de facultades que tiene la Corte – sobre todo su presidente, advirtió – y ello genera también desequilibrios en el juego armonioso que deben tener las instituciones.

“Es más de lo mismo”, reiteró Saravia a modo de sentencia.