A menos de diez días del cambio de gobierno, cada sector político, cada referente social y cada ciudadano pone en ese hecho institucional su expectativa y su esperanza. Se iniciará un mandato de cuatro años que para algunos puede significar la posibilidad de una obra pública, de una vivienda, de un trabajo y para todos, de la satisfacción de demandas que mejoren su calidad de vida y permitan el desarrollo individual o sectorial.

Aunque no sea visualizado de esa manera, se trata de romper la inercia del fracaso, que ha convertido a una Provincia con recursos en un Estado empobrecido y mendicante. Quizás sea por lo que ha expuesto el Gobernador saliente en el Congreso Provincial de su partido, cuando puso en evidencia que existen ñoquis –eufemismo para evidenciar uno de los actos de corrupción más comunes- que discuten a ver si van a poder seguir siéndolo o no, cuando hay gente que no tiene para comer. 

El sincericidio de Juan Manuel Urtubey va en línea con la reflexión de un empresario industrial salteño, quien señaló que hay un problema ético y moral en el país –obviamente en la Provincia- que se resuelve terminando definitivamente con la corrupción. Es lo que dijo por Aries Juan José Soler, luego de participar de le vigésimo quinta conferencia organizada por la UIA, la central empresaria fabril que reunió el jueves último a los presidentes saliente y entrante.

El empresario demandó el regreso a la Argentina de la primera mitad del siglo XX, que se abandonó en la década del 70 cuando la política económica de la última dictadura militar llevó al abandono de una nación productivista y la puso en el camino de la especulación financiera. Después del análisis del sector industrial, aseguró que la Argentina está en una situación terminal, con índices preocupantes y a Salta le queda integrarse a un proceso de incorporación de valor a la producción primaria.

Ni a nivel provincial ni nacional se agita el fondo de la cuestión, que es el hecho que la Argentina padece desde hace décadas de serias desigualdades estructurales, al igual que el resto de una región agitada en estos días por fuertes conflictos. Sin embargo, el traspaso de los gobiernos nacional y provincial obliga al debate en torno a cifras de pobreza, indigencia, hambre y desempleo verdaderamente alarmantes.

La sombra que se proyecta sobre esos problemas es el de la corrupción, que atenta directamente contra el adecuado funcionamiento de la democracia y sobre las perspectivas de desarrollo e inclusión de una sociedad. Corrupción y desigualdad forman parte de un círculo vicioso en el que se retroalimentan de forma constante. Sin embargo, no hay mayor preocupación por romper ese vínculo a través de políticas de transparencia, con un control público efectivo y con el fortalecimiento de las instituciones republicanas, que tienen en la división de poderes una de sus virtudes. 

Podría ser este el momento de identificar la relación entre desigualdad y corrupción, para buscar la forma de terminar con ambas.

Salta, 02 de diciembre de 2019