Intimaron a Marcos Peña y a Faurie por los negociados detrás del vuelo a Malvinas

Los pedidos de informes fueron ordenados antes de disponer si suspende el primer vuelo de la línea aérea TAM o Latam de San Pablo, Brasil, a las Islas Malvinas previsto para el 20 de noviembre.

El juez firmó este viernes cinco órdenes de presentación para que la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Migraciones y las empresas TAM y/o Latam remitan la información solicitada antes del martes a las 11. El pedido es bajo apercibimiento.

Las ordenes se dictaron en el expediente en el que ayer el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al propio presidente y a funcionarios de su gobierno y pidió que se suspenda el primer vuelo de la compañía Latam que unirá San Pablo (Brasil) con las Islas Malvinas, cuya soberanía sigue en disputa ante la ocupación británica.

El planteo fue realizado por la abogada Valeria Carreras –quien ofreció este viernes voluntariamente todo su patrimonio como caución- en el marco de una denuncia contra los funcionarios del gobierno por el delito de traición a la patria, por la entrega de la Soberanía Argentina al Reino Unido en relación a la explotación de recursos naturales, gas hidrocarburos y la libre navegación del espacio aéreo.

El fiscal Di Lello sostuvo que "existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a loso que estaría expuesto en relación con el derecho internacional".

El juez Rodríguez pidió a la Cancillería brindar información sobre los documentos de la reunión mantenida entre el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de relaciones exteriores británica, Alan Duncan, denominado acuerdo Foradori Duncan.

El magistrado le ordenó a la ANAC que remita los expedientes vinculados a decreto en cuestión, el 602/2019, que autorizó los vuelos directos entre San Pablo y las Islas Malvinas, y otro con una escala en la provincia Córdoba. Que informe además sobre las previsiones adoptadas en relación al vuelo LA8208, previsto para el 20 de noviembre.

ANAC debe explicar si recibió peticiones de autorización para explotar servicios de cualquier índole en rutas con destino o escala en islas Malvinas por parte de Aerolíneas Argentinas o cualquier otra empresa; y que enumere los vuelos realizados desde cualquier parte de Argentina que aterrizaron en las islas Malvinas desde 2015.

La Dirección Nacional de Migraciones deberá informar las tareas que desplegará y los trámites respecto de quienes llegarían a Córdoba, así como quiénes abordarían "ese vuelo con destino a Islas Malvinas (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)".

A Marcos Peña, el magistrado le ordenó que informe si hubo demandas administrativas o judiciales por el decreto y que remita copia del expediente que culminó en la firma del mismo.

Por último le ordenó a la "TAM Linhas Aéreas S.A. y/o LATAM Airlines Group" remitir la nómina completa de pasajeros y tripulantes e incluir en el informe el aeropuerto de embarque y desembarque de quienes serán parte del vuelo cuestionado.

Fuente: Minutouno