La fiscal penal de Violencia de Género, María Soledad Filtrín Cuezzo, constató la llegada del exobispo Zanchetta a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

En ese contexto, al acusado se le retuvo documentación de viaje y la fiscal pidió que todas las constancias del acta de presentación y de la retención de documento de viaje autorizado por el Juez, se documente por escrito.

De esta manera, Zanchetta cumplió con lo dispuesto por el juez Parisi, quien lo autorizó a salir del país por el lapso de 49 días.

Mientras tanto, se espera una resolución al requerimiento de juicio oral y público que realizó la fiscal Filtrín Cuezzo el 1 de julio pasado contra el exobispo de Orán.

En su pedido, de más de 30 fojas y en las que se resumen los hechos denunciados, pruebas y testimonios colectados, la Fiscal dijo que en las actuaciones se investigó el hecho denunciado el 6 de febrero pasado por un joven, “quien dio cuenta de episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio de parte de quien ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán, Gustavo Zanchetta, y que ocurrieron a partir de 2017”.

Según la denuncia, tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán y en un domicilio particular de Los Toldos.

Filtrín sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero pasado denunció haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”.

Dichos acometimientos habrían ocurrido en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo. En este caso, los hechos se habrían registrado desde 2016.

Para la fiscalía del caso, Zanchetta “actuó con ánimo doloso de involucrar sexualmente a las víctimas dando inicio al despliegue de actos y maniobras de seducción, manipulación y preeminencia por la función de superior jerárquico en el ámbito eclesiástico, logrando confianza, temor reverencial en las víctimas a través de tocamientos” que les generaba miedo de “perder su condición de seminaristas y poner fin con su vocación al servicio religioso”.

Asegura que “dichos acometimientos fueron sostenidos en el tiempo y mayor reproche penal merece la conducta adoptada por el acusado por su condición de ministro de culto religioso reconocido, calidad ésta que demanda el deber de actuar con rectitud y apego a las normas morales y religiosas con mayor celo que la de un ciudadano común”.