Brasil: el Senado busca salvar a Bolsonaro para calmar la guerra con la Justicia
Con la mirada fija en mantener el control de la Cámara alta de cara al periodo que comenzará en 2027, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, ha puesto en marcha una compleja maniobra de alta ingeniería institucional que busca articular lo imposible: tender puentes con el bolsonarismo más intransigente sin romper con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La receta para lograr semejante equilibrio es un pacto de supervivencia política que tiene como moneda de cambio la libertad judicial de Jair Bolsonaro y la desactivación de los recurrentes pedidos de juicio político contra los magistrados del Supremo Tribunal Federal.
La estrategia del influyente legislador contempla dos vías bien definidas para liberar al expresidente, quien permanece privado de su libertad desde agosto de 2025 tras ser condenado por su participación en la trama golpista. La primera opción, y la más delicada, pasa por convencer al propio mandatario de conceder un indulto humanitario.
Aunque Alcolumbre y Lula ya mantuvieron un primer contacto tras los recientes comicios, el espinoso asunto aún no se ha puesto sobre la mesa, a la espera de que merme la efervescencia electoral y se aquieten las repercusiones por la sorpresiva salida del país de Flávio Bolsonaro. El presidente del Senado sabe que cualquier avance en este sentido requiere no solo la anuencia del Ejecutivo, sino una lectura muy fina del pulso de una sociedad todavía polarizada.
Si la vía de la clemencia presidencial naufraga bajo el peso del rechazo de la izquierda, el plan de contingencia se trasladará directamente al corazón del Congreso Nacional, donde el bloque conservador ha ganado músculo y protagonismo.
Allí, la alternativa consiste en reflotar y empujar una ley de amnistía, un terreno minado que ya ha provocado chispas monumentales con el poder judicial. No hay que olvidar que el debate sobre el perdón a los involucrados en los ataques a las instituciones ha sido una constante de fricción, evidenciada a finales de 2025 cuando el Senado intentó moderar las penas a través de una normativa que posteriormente terminó suspendida por el juez Alexandre de Moraes.
(Con información de Ámbito)