El INTA despidió a una referente global de la ciencia ambiental
La consagración de una trayectoria brillante en el Conicet y al frente de la filial argentina del proyecto internacional SPRINT no logró blindar a Virginia Aparicio frente a los engranajes de la burocracia estatal. Con una carrera avalada por más de noventa publicaciones en revistas especializadas y millas de citas académicas, la especialista se convirtió en el blanco de una decisión drástica por parte del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que determinó su exoneración definitiva bajo cargos administrativos vinculados a la gestión de fondos y protocolos bioéticos.
Sin embargo, detrás de los expedientes y las tecnicidades del sumario, la propia afectada y numerosos sectores académicos denuncian un trasfondo de profunda persecución política y un intento deliberado de disciplinamiento institucional frente a temáticas de extrema sensibilidad socioambiental.
El conflicto se gesta sobre los cimientos de un proyecto que en su momento fue motivo de orgullo para el propio organismo, cuando en 2020 se celebró la llegada de fondos europeos provenientes del programa Horizonte 2020 para indagar en la denominada ruta de los plaguicidas.
Aquella inyección de recursos permitió a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce posicionarse en la vanguardia global al mapear la presencia de más de doscientos compuestos químicos en suelos, cursos de agua y fluidos humanos, revelando diferencias sustanciales entre los modelos de producción convencionales y las prácticas agroecológicas.
No obstante, a medida que los informes empezaron a arrojar datos cuantitativos incómodos sobre el impacto real de los fitosanitarios en los ecosistemas, las tensiones escalaron dentro de la institución hasta desembocar en la retirada del país del consorcio europeo y en el avance de un proceso disciplinario que culminó con el despido.
Mientras la defensa técnica de la científica sostiene que todas las auditorías internacionales y nacionales validaron el manejo transparente de los recursos económicos, el sector académico advierte que la sanción busca sembrar el miedo y promover la autocensura en la investigación pública, abriendo un interrogante crítico sobre el futuro de la soberanía científica y el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre su entorno.
(Con información de Página12)