Honorarios de $7.503: Medina logró que su reclamo pase a segunda instancia

El abogado salteño Marcelo Medina, a quien la Justicia le reguló apenas $7.503 de honorarios profesionales en un proceso de ejecución, confirmó que su reclamo será revisado por una instancia judicial superior. El caso, que provocó el rechazo público del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, abrió una discusión sobre la aplicación de los honorarios mínimos establecidos por la legislación provincial y los criterios que utilizan los juzgados para determinar la remuneración de los profesionales.

Durante una entrevista en N&N por Aries, Medina explicó que la resolución surgió de un expediente en el que buscaba cobrar un saldo pendiente de $60.000. Según relató, realizó las presentaciones correspondientes, cumplió las distintas etapas procesales y obtuvo una regulación de $7.503.

Sin embargo, sostuvo que el problema no radica únicamente en la cantidad de dinero reconocida, sino en lo que considera una interpretación equivocada de la Ley Provincial 8.035, sancionada en 2017 para regular los honorarios de abogados y procuradores.

El profesional señaló que la normativa establece mínimos arancelarios y remarcó que, tomando como referencia cinco unidades de medida arancelaria (ius), el monto actualmente supera los $300.000. “No se trata simplemente de que yo considere insuficiente esa cantidad de plata. El problema es mucho más profundo”, expresó. A su entender, debe determinarse si los tribunales están obligados a respetar esos mínimos o si pueden apartarse mediante interpretaciones que reduzcan considerablemente la remuneración.

Medina explicó que la diferencia central se encuentra en la naturaleza del trámite judicial. Según su relato, el juzgado consideró que la ejecución de honorarios era una continuación de un proceso anterior y no un juicio independiente. El abogado rechaza esa interpretación y sostiene que se trata de un procedimiento autónomo, con actuaciones y etapas propias, por lo que reclama que se aplique el mínimo arancelario correspondiente. La controversia también involucra la proporcionalidad entre la deuda ejecutada y los honorarios que deberían afrontar las partes.

Frente a esa resolución, presentó una revocatoria in extremis con apelación subsidiaria. El primer planteo fue rechazado, pero, según confirmó, se concedió la apelación y ahora el expediente deberá ser revisado en segunda instancia. “Me concedieron el recurso y ahora va a pasar a una segunda instancia donde van a rever toda esta situación”, indicó. Además, aseguró que presentó antecedentes jurisprudenciales que, desde su interpretación, respaldan la necesidad de respetar los mínimos legales.

Finalmente, Medina aclaró que no busca cuestionar a la Justicia como institución ni desconocer las facultades de los magistrados. Su reclamo, explicó, está dirigido a lograr criterios de regulación claros y consistentes entre los distintos juzgados.

También recordó que los honorarios tienen carácter alimentario y representan los ingresos con los que los profesionales sostienen sus familias, afrontan aportes e impuestos y mantienen su actividad. “Nosotros no estamos solicitando en ningún caso privilegios para los abogados, solamente solicitamos que se respete la legislación vigente”, concluyó.