Denuncian seis años de demora en la causa por peculado contra el intendente de La Merced

En medio del conflicto institucional de La Merced, donde la Corte de Justicia de Salta suspendió provisoriamente la ordenanza que regula el juicio político contra el intendente Javier Wayar, otra causa judicial permanece pendiente de resolución. A este escenario se suman cuestionamientos por el funcionamiento de los servicios municipales, la ejecución de obras públicas y la falta de información sobre la administración de recursos.

“Tenemos un juicio de peculado, que hoy la Corte tiene una queja por recurso denegado presentada por el intendente, que ha frenado la fijación de fecha de juicio para el funcionario, para el intendente. Una causa de peculado que viene desde el año 2020. Estamos en el año 2026”, señaló el asesor del Concejo Deliberante, Franco Gorritti, en diálogo con Aries.

El asesor sostuvo que ya se realizó una audiencia para definir las pruebas que se utilizarían durante el proceso, pero cuestionó el tiempo transcurrido sin que se establezca una fecha para el debate. “Estamos a la espera de una fecha de audiencia. El 21 de agosto de este año se le venció el plazo a la Justicia para fijar fecha”, afirmó.

Gorritti expresó su preocupación por la posibilidad de que el juicio se demore hasta coincidir con el próximo proceso electoral provincial.

“Imaginate que esto demore un tiempo más y que luego el juicio se abra en plenas elecciones. Sería una catástrofe democrática, porque someter a la gente a elegir a un candidato que se encuentra investigado, sospechado de peculado. En plena contienda electoral, debilita la democracia”, manifestó.

“También se utilizaría, por parte del oficialismo, que la causa es política, y realmente no es política. Es una causa judicial con investigación, con avance, con apertura del juicio. Seis años para poder llegar a un juicio me parece un poquito excedido”, cuestionó.

Más allá de los expedientes judiciales, Gorritti advirtió que la suspensión de la ordenanza de juicio político no modifica las dificultades que, según denunció, atraviesa el municipio.

“La medida cautelar de paralización de la reglamentación no cambia la situación de La Merced, no cambia la problemática de la recolección de residuos, no cambia la problemática de las obras públicas, la falta de contestación de informes que hay, o la contestación parcial de los informes sin acompañamiento de documentación”, enumeró.

También cuestionó las demoras en la información que recibe el Concejo Deliberante sobre la administración municipal. Según indicó, la Auditoría General de la Provincia respondió recién en abril de 2026 sobre los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021.

“En el año 2026 contestaron situaciones de hace cinco años. Todavía 2022, 2023 y 2024 no tenemos una contestación oficial de la Auditoría General de la Provincia sobre cómo se manejó el municipio”, afirmó.