España: una huelga general por la vivienda desafía el tablero político a semanas de las urnas
El reloj político y social de España marca una cuenta regresiva que mantiene en alerta a despachos gubernamentales y empresariales por igual. La confirmación de una huelga general para el próximo 11 de noviembre, impulsada de manera conjunta por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas, no solo pone sobre la mesa el colapso del mercado inmobiliario y la asfixia de los alquileres frente a unos salarios estancados, sino que dinamiza un escenario de alta tensión al celebrarse a apenas unas semanas de los comicios generales fijados para el 29 de noviembre.
La medida de fuerza, que obligará a parar el país en el umbral mismo del arranque de la campaña electoral, representa un hito histórico al romper con catorce años de silencio sindical coordinado desde aquel lejano noviembre de 2012, cuando ambas centrales desafiaron el epicentro de la recesión económica.
El malestar ciudadano, fraguado al calor de las masivas protestas inquilinas que inundaron las calles en los últimos meses, logró forzar una alianza estratégica con los sindicatos tradicionales para exigir un cambio estructural en las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Mientras los convocantes endurecen el pulso para reclamar ingresos que realmente permitan afrontar el derecho constitucional a un hogar digno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por capear el temporal reconociendo la legitimidad del reclamo y blindando el derecho constitucional a la protesta.
Con los sectores corporativos ya manifestando su profunda incomodidad por el timing electoral de la movilización, España se asoma a una jornada bisagra que promete medir la temperatura de la calle y redefinir el peso de la vivienda en la primera línea de la disputa política nacional.
(Con información de Ámbito)