Cristina Kirchner recurrió otra vez a la ONU para intentar revertir su inhabilitación

La defensa de la expresidenta presentó una nueva adenda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la causa Vialidad. Busca revisar la condena y suspender la inhabilitación perpetua que le impide competir electoralmente.

Cristina Fernández de Kirchner abrió una nueva instancia en su estrategia judicial internacional para intentar revertir la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.

Sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una adenda a la comunicación individual que ya habían iniciado meses atrás. El planteo apunta a que el organismo internacional revise las presuntas vulneraciones de derechos que, según la defensa, se produjeron durante el proceso judicial.

El objetivo inmediato es obtener una medida que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría reabrir la posibilidad de una candidatura de la expresidenta en las elecciones de 2027. La presentación tomó nuevamente relevancia después de que Máximo Kirchner mencionara públicamente la posibilidad de que su madre vuelva a competir electoralmente.

La defensa incorporó además nuevos elementos que considera relevantes para cuestionar los fundamentos de la sentencia. Entre ellos figura un estudio pericial encargado por los propios abogados a partir de documentación surgida durante el juicio conocido como Cuadernos, con el que buscan discutir algunos de los datos utilizados en la causa Vialidad.

Los abogados también informaron al Comité sobre hechos posteriores a la presentación original y denunciaron situaciones que consideran intimidatorias. El organismo de Naciones Unidas deberá analizar ahora si admite y eventualmente avanza sobre los planteos presentados por la defensa.

Cristina Kirchner mantiene una condena firme por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La ofensiva internacional busca cuestionar ese fallo y mantener abierta una eventual participación política de la exmandataria en 2027.

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