Causa

El 3 de setiembre pasado, el presidente Javier Milei usó la cadena nacional para exponer su propósito de endurecer penas por la explotación no autorizada de recursos del área en conflicto con el Reino Unido. Anunció la remisión de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional pero el que ingresó al Congreso avanza sobre aspectos de seguridad, inteligencia y defensa. 

De inmediato llevó el tema a Naciones Unidas, en cuya Asamblea General, Milei ratificó enfáticamente que el reclamo de soberanía es una causa nacional. Ello llevó a que Gran Bretaña advirtiera que defenderá militarmente las Malvinas, dando cuerpo a ciertas previsiones contenidas en el proyecto que comenzará a tratar Diputados.

Será a partir del 30 en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto que buscará que hasta el 6 de octubre se logren los dictámenes que habiliten su tratamiento en el recinto. La tarea no se insinúa tan fácil como espera el Ejecutivo libertario, que el 24 de septiembre de 2024 firmó un acuerdo a través de la entonces canciller Diana Mondino y el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy. En él se estableció el compromiso de la Argentina de “remover todos los obstáculos que impidan el desarrollo de las islas". 

Tal como está planteado el proyecto generó cuestionamientos de instituciones de la sociedad civil y asociaciones de especialistas. Muchas voces de la política ya se levantaron y no solo desde la oposición. Bloque aliados, como el del MID, han reclamado "una instancia formal de información y diálogo" para conocer el alcance real del proyecto, que se integra por más de 130 artículos, algunos de los cuales desconocerían atribuciones constitucionales del Congreso. 

Especialistas en Derecho Constitucional también realizaron señalamientos, como es el caso del salteño Sebastián Aguirre Astigueta, quien alertó que el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el gobierno nacional mezcla temas como terrorismo, narcotráfico, economía y amenza garantías constitucionales.

Entre los principales puntos, se agravan las sanciones al establecer penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes. Las actuales  prohibiciones, concentradas en hidrocarburos, se amplían a otros recursos renovables y no renovables. Pero no es ese el punto.

La propuesta libertaria redefine el sistema de seguridad nacional. Crea un Consejo como órgano rector que será encabezado por el Presidente de la Nación y lo integrará, además del Jefe de Gabinete de ministros y los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, por la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Muchas opiniones coincidieron en que se están mezclando áreas que, en 40 años de democracia, la sociedad argentina decidió que no operen como un solo cuerpo. Es el caso de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Se hace caso omiso al consenso democrático de no habilitar la actuación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior.

No es aceptable que, por intereses coyunturales, otra vez se intente utilizar la causa Malvinas. Su trascendencia la coloca por encima de pujas sectoriales y de necesidades mezquinas de sobrevivencia de gobiernos de turno.

Salta, 28 de setiembre de 2026