Establecen un unuevo protocolo de actuación para el Régimen Penal Juvenil

Salta estableció nuevos criterios para la intervención de fiscales ante delitos atribuidos a adolescentes, en el marco del Régimen Penal Juvenil que alcanza a quienes tengan desde 14 y hasta menos de 18 años al momento del hecho. Las pautas serán comunes para todos los distritos judiciales de la provincia.

El protocolo fue aprobado por el procurador general Pedro García Castiella y establece que la incorporación de adolescentes desde los 14 años al régimen de responsabilidad penal no implica que reciban el mismo tratamiento que una persona adulta. Cada caso deberá analizarse de acuerdo con la edad, el grado de desarrollo, la gravedad del delito, la participación, la violencia utilizada, el daño provocado y la situación de la víctima, entre otros aspectos.

Para los menores de 14 años no podrá iniciarse ni continuar una persecución penal. Sin embargo, la investigación podrá seguir adelante para determinar cómo ocurrió el hecho, establecer si participaron otras personas penalmente responsables y preservar los derechos de las víctimas.

Entre los 14 y los 16 años se prevé una intervención penal especialmente restrictiva. En esos casos, la continuidad de la persecución deberá estar particularmente justificada y se priorizarán, cuando corresponda, alternativas que eviten una judicialización innecesaria. Para quienes tengan entre 16 y menos de 18 años también deberá mantenerse un tratamiento diferenciado respecto de los adultos.

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Otro de los puntos centrales será la gravedad de los hechos. Los casos se dividirán de manera orientativa entre baja intensidad, intensidad intermedia e intervención prioritaria. Para los conflictos menos graves podrán evaluarse soluciones alternativas y mecanismos restaurativos, mientras que los delitos de especial gravedad requerirán una investigación prioritaria.

El protocolo pone especial atención en los casos en los que adolescentes puedan estar siendo utilizados por adultos u organizaciones criminales. Cuando existan indicios de captación, instigación o dirección por parte de otras personas, los fiscales deberán profundizar la investigación para determinar quiénes se encuentran detrás de su participación en actividades delictivas.

En cuanto a la privación de libertad durante el proceso, deberá utilizarse como último recurso. La gravedad del delito no será suficiente por sí sola para justificarla: los fiscales tendrán que determinar qué riesgos existen y evaluar previamente medidas menos restrictivas.

Las nuevas pautas también contemplan la protección de las víctimas, que deberán recibir información y contar con participación y resguardo durante el proceso. Se establece además que deberán evitarse situaciones de revictimización, particularmente cuando la víctima también sea una niña, niño o adolescente.