Perú declara el estado de emergencia en Pisco y San Andrés por el avance del delito
El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región costera de Ica, como parte de las medidas destinadas a enfrentar la criminalidad y otros hechos de violencia.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 132-2026-PCM, publicado el sábado 19 de septiembre.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Qué cambia con el estado de emergencia
La declaración permite restringir o suspender temporalmente determinados derechos constitucionales dentro de las zonas alcanzadas.
Entre ellos se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y aspectos relacionados con la libertad y seguridad personales.
La Policía definirá además los sectores prioritarios para las intervenciones utilizando información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito.
Las actividades que impliquen concentraciones masivas también podrán quedar sujetas a autorización previa durante el período de emergencia.
Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía
El esquema establece que la Policía continuará siendo responsable del mantenimiento del orden interno, mientras las Fuerzas Armadas cumplirán tareas de apoyo.
La medida tendrá una duración inicial de 60 días.
El Gobierno sostiene que la decisión responde al aumento de hechos delictivos y situaciones de violencia registrados en la zona.
Una estrategia extendida a distintas regiones
Pisco y San Andrés no son las únicas jurisdicciones peruanas alcanzadas por medidas excepcionales.
El Ejecutivo también prorrogó recientemente el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en la región de La Libertad, desde el 23 de septiembre y por otros 60 días.
También extendió medidas similares en Tumbes y Zarumilla, en la frontera norte, y mantiene operativos especiales en Lima Metropolitana y Callao.
Además, durante septiembre se declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, con participación de las Fuerzas Armadas en el perímetro exterior.
El Gobierno peruano busca así ampliar la intervención policial y militar frente al crecimiento de delitos como extorsiones, homicidios, robos y otras modalidades vinculadas con el crimen organizado.