La Justicia levanta el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia e investiga su patrimonio

El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó 20 medidas para reconstruir la situación patrimonial, fiscal y financiera del presidente de la AFA. La investigación es por presunto enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario del CEAMSE.

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Claudio “Chiqui” Tapia y dispuso una batería de medidas destinadas a reconstruir su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El magistrado hizo lugar a las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien había impulsado formalmente la investigación días atrás.

El expediente se concentra en la evolución patrimonial de Tapia durante su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Su cargo como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es ad honorem y no constituye, por sí mismo, el objeto de la investigación.

Qué investigará la Justicia

Entre las medidas dispuestas aparecen pedidos de información a ARCA, ANSES, Banco Central, Unidad de Información Financiera, Comisión Nacional de Valores y registros de propiedades, automotores y sociedades.

También se buscarán datos sobre cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos, tarjetas, billeteras virtuales y operaciones con criptoactivos.

Lijo requirió además las declaraciones juradas presentadas por Tapia en su carácter de funcionario público, información sobre sus ingresos en el CEAMSE, movimientos migratorios y datos a la Conmebol sobre cargos e ingresos percibidos.

Una denuncia por su evolución patrimonial

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

La presentación sostiene que existirían inconsistencias entre los ingresos declarados por Tapia y la evolución de sus bienes durante el período investigado. Algunos medios señalaron que la denuncia calcula un crecimiento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024; ese porcentaje forma parte de la acusación presentada y todavía debe ser verificado judicialmente.

Con las medidas ahora autorizadas, la Justicia buscará reunir documentación para determinar si existió o no un incremento patrimonial injustificado.

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