Gobernadores se diferencian de Milei y lanzan medidas para los morosos

Mientras que la administración de Javier Milei plantea que no intervendrá en el endeudamiento y la morosidad de los particulares porque es un problema entre privados y la salida debe encontrarse en el funcionamiento del mercado, varios gobernadores ensayan otras respuestas. Si bien los programas no son equivalentes, los ejes apuntan a refinanciar deudas, reducir tasas, consolidar préstamos y limitar el impacto de los pagos sobre los salarios.

Esa estrategia no se limita a gobernadores enfrentados con la Casa Rosada, como los peronistas Axel Kicillof y Ricardo Quintela, sino que también involucra a algunos que tienen diálogo con la Nación, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalaqua (Misiones).

Los mandatarios advierten que quienes están sobreendeudados consumen menos, lo que impacta en la actividad.

El promedio nacional de la morosidad es de 17,5%, pero en esa cifra conviven realidades muy diferentes. Mientras en La Pampa la mora es de 9,1%, en La Rioja alcanza 24,5%, según el último informe de la consultora Eco Go junto a la Universidad Austral sobre datos del Banco Central.

En Córdoba –donde ya el banco oficial, Bancor, tiene un plan de consolidación de deudas a pagar hasta en 60 cuotas (no hay quita de capital ni de intereses)–, Llaryora anunció que enviará a la Unicameral el proyecto “Alivio Cordobés”, que incluye puntos como baja de tasas para facilitar el pago (con Bancor e invitación a bancos privados se prevé una refinanciación con tasas “razonables”) y unificar y ordenar los pasivos.

Pullaro lanzó el Plan de Protección de los Ingresos junto con el Banco Santa Fe para empleados públicos activos y pasivos, trabajadores privados, independientes, monotributistas, autónomos y municipales. Permite tomar un nuevo crédito hasta en 60 meses para cancelar deudas existentes con bancos, financieras, cooperativas, mutuales y otras entidades, en el que la cuota no supere el 25% del ingreso; contempla hasta dos meses de gracia para capital e intereses.

Valdés instrumentó “Corrientes Sostiene” junto con el Banco de Corrientes; permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito desde $100.000, en seis o 12 cuotas fijas y con una reducción de 29 puntos porcentuales respecto de las condiciones habituales. También incluye una línea para empresas, con refinanciación de hasta el 80% del saldo en hasta 12 cuotas y una reducción de 15 puntos en la tasa.

El misionero Passalacqua avanzó junto al Banco Macro (es el agente financiero oficial de la provincia) con alternativas para empleados públicos y municipales, jubilados y pensionados que tienen dificultades para pagar tarjetas y préstamos. Refinancia obligaciones con tasas bonificadas; el foco está en quienes ya ingresaron en mora, antes de que la situación derive en un problema todavía mayor.

También con el Banco Macro trabajó Sáenz con un plan para reestructurar las deudas de empleados públicos provinciales y municipales. Los tratamientos varían según la mora (hay un segmento para quienes tienen entre 30 y 89 días de atraso y otro para quienes superan los 90 días). Pueden analizarse deudas mantenidas con otras entidades.

Sadir lanzó, también con el Macro, un esquema destinado a trabajadores provinciales y municipales incluidos en el Plan Sueldo Público. Para quienes tienen una mora inferior a 30 días, se contempla una reducción de siete puntos porcentuales sobre la tasa de referencia; entre 31 y 90 días, la reducción llega hasta seis puntos.

En Neuquén, Figueroa avanzó en un Régimen Especial de Refinanciación que establece condiciones máximas para quienes accedan al programa, una tasa fija de hasta 35% anual o una alternativa UVA más 5%. El plazo mínimo es de 24 meses y se excluyen hipotecarios y prendarios. Para estimular la adhesión de bancos y entidades financieras, ofrece incentivos tributarios.

El Banco Provincia en Buenos Aires (Bapro) hace unos días mejoró las condiciones de plazos y tasas para el programa de refinanciación de deudas que lanzó a comienzos de año; apunta especialmente a quienes registran ingresos menores a cuatro salarios mínimos y también a aquellos que cobran salarios, jubilaciones y pensiones en la entidad. Además, Kicillof abrió una investigación contra billeteras virtuales por “acoso y hostigamiento” por parte de las empresas.

“Es crónica de una crisis anunciada. A finales del año pasado identificamos que la gente que se atrasaba 30 días crecía de forma muy acelerada. Uno percibía que había una velocidad muy grande del deterioro por la cantidad de deuda que se acumulaba. En la conversación pública, hay casi 6 millones en Argentina con préstamos en situación irregular”, dijo hoy Juan Cuattromo, presidente del Bapro en Futurock.

El caso de La Rioja es diferente. Quintela no se limitó a ofrecer refinanciaciones, sino que avanzó con medidas destinadas a proteger a los deudores frente a las ejecuciones prendarias y a discutir las condiciones de los créditos considerados abusivos.

La Nación