La APDH rechaza la agenda antiderechos del Gobierno

La adhesión de la Argentina al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, generó un claro repudio entre los organismos de derechos humanos. Este martes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) difundió un comunicado contundente donde asegura: “No vamos a retroceder”. Se refiere a la reciente incorporación del país al acuerdo como la alianza del Gobierno con la Political Network for Values (PNfV), una red internacional que impulsa una agenda conservadora en materia de aborto, familia, sexualidad y educación.

“Rechazamos la alianza del Gobierno con la Political Network for Values —organización de ultraderecha— y la adhesión a su declaración de principios denominada Consenso de Ginebra”, sostuvo la APDH, uno de los organismos históricos de derechos humanos de la Argentina. Según el organismo, esa declaración “contraviene tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución argentina”.

Con la firma del canciller Pablo Quirno, el país se sumó a una alianza internacional creada en 2020 que reivindica a la familia como “unidad natural y fundamental de la sociedad” y sostiene que no existe un derecho internacional al aborto. La decisión se inscribe en la política que el gobierno de Javier Milei viene desarrollando contra la interrupción voluntaria del embarazo y en medio del desfinanciamiento de políticas vinculadas a la Educación Sexual Integral.

Lobby antiderechos

El comunicado de la APDH agrega otro elemento: la conexión entre la adhesión internacional y la construcción de una red política local. El organismo recordó que la Political Network for Values organizó recientemente un foro en la Legislatura porteña con participación de dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO, en el que se pusieron en discusión el aborto legal y la Educación Sexual Integral.

“Detrás de discursos que hablan de ‘familia’, ‘natalidad’ o ‘protección de la infancia’, en realidad se intenta disputar nuestra autonomía y volver a colocar nuestros cuerpos bajo control político, religioso y estatal”, señaló la APDH.

Tal como publicó Página/12, la llegada de esta agenda a la Argentina no se limita a la firma de un documento diplomático. La Political Network for Values viene tejiendo vínculos con dirigentes y organizaciones locales y organizó el foro político “Libertad para el Futuro” en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro reunió a más de 200 personas y contó con dirigentes y organizaciones de Argentina, Chile, Estados Unidos y Hungría. Entre quienes participaron estuvieron la vicejefa de Gobierno porteño Clara Muzzio, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat Gabriel Mraida, la exvicepresidenta Gabriela Michetti, legisladores nacionales y provinciales e intendentes. La propia PNfV señala que reúne a dirigentes políticos y cívicos de 45 países.

La organización presenta su programa bajo conceptos como la “defensa de la vida”, el fortalecimiento de la familia y las “libertades fundamentales”. Durante el encuentro porteño se propuso, entre otras medidas, crear un índice que mida el impacto de las políticas públicas sobre las familias, incorporar una “perspectiva transversal de familia” a las políticas estatales y fortalecer los denominados “derechos parentales” sobre la educación de los hijos.

La avanzada ocurre mientras la Argentina mantiene vigente desde 2020 la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cuenta con un marco legal que reconoce la Educación Sexual Integral como un derecho. Es precisamente sobre esas conquistas donde la APDH enciende la alarma.

“La ESI es un derecho: brinda herramientas para conocer nuestros cuerpos, construir vínculos respetuosos, prevenir abusos y violencias, y ejercer una sexualidad libre y responsable”, sostiene el organismo. Sobre el aborto legal, agrega que se trata de “un derecho conquistado después de décadas de organización y lucha feminista”, advierte la APDH y advierte que aceptará que esas conquistas sean utilizadas “como moneda de cambio en una agenda internacional conservadora”.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito también repudió la incorporación de Argentina al Consenso de Ginebra. La APDH apuntó contra la alianza entre sectores políticos argentinos y redes transnacionales que pretenden imponer un modelo único de familia y limitar los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades.

El contrapunto también muestra dos interpretaciones completamente opuestas sobre esta agenda. Para la Political Network for Values, la caída de la natalidad y lo que describe como una fragilidad creciente de los vínculos familiares justifican colocar a la familia en el centro de las políticas públicas. Para las organizaciones feministas y de derechos humanos, en cambio, esos conceptos funcionan como una puerta de entrada para volver a discutir derechos que en la Argentina ya fueron reconocidos por ley.

La APDH cerró su pronunciamiento con tres definiciones que apuntan a ese escenario: “La ESI y el aborto legal se defienden. La autonomía sobre nuestros cuerpos también”. Por último, dejó en claro que los años de lucha no son en vano: “Nuestros derechos no se negocian”.

Página12