Carranza cuestionó el manejo de fondos viales y apuntó a la inacción judicial

El abogado constitucionalista Omar Carranza puso el foco en el rol de los fiscales frente al manejo de fondos públicos y sostuvo que el Ministerio Público cuenta con herramientas suficientes para actuar cuando detecta situaciones que podrían afectar bienes del Estado o contrariar lo establecido por la ley.

Durante una entrevista en Cara a Cara, el conductor planteó qué ocurre con los recursos vinculados a combustibles y obras viales y cuestionó por qué no existe una actuación judicial de oficio frente a esos hechos. Ante ese planteo, Carranza respondió que los fiscales tienen precisamente la función de custodiar los derechos de las personas, los bienes públicos y la vigencia de las instituciones.

“Los fiscales, como custodios de los derechos de las personas, de los bienes públicos, que tienen que perseguir la vigencia de la ley y el respeto de las instituciones, tienen un arma poderosísima”, sostuvo.

El constitucionalista explicó además que, con el sistema actual, la potestad de persecución está en manos del fiscal y que, ante la detección de una situación irregular, puede iniciar las actuaciones correspondientes y posteriormente llevar el caso ante un magistrado.

La discusión avanzó luego sobre el destino de fondos que, según se planteó durante la entrevista, deberían aplicarse a infraestructura y servicios públicos. Carranza fue categórico al marcar un límite: “El Estado no puede estar especulando de esa forma como puede hacerlo un particular”.

Para el abogado, la diferencia está en que un ciudadano puede decidir postergar una obligación para invertir su dinero, pero el Estado debe respetar el destino fijado para los recursos públicos. El planteo cobra especial relevancia frente al deterioro de las rutas y la necesidad de obras de infraestructura.

El intercambio cerró con una crítica directa a la falta de intervención judicial. Durante la entrevista se cuestionó que, pese a la dimensión pública del tema, no exista una actuación de fiscales federales que determine si corresponde abrir una causa.

Carranza, sin calificar penalmente los hechos, dejó una definición central: los fiscales tienen facultades para investigar y promover actuaciones cuando existen elementos que puedan comprometer bienes públicos o el cumplimiento de la ley.