Los haberes mínimos perdieron el equivalente a seis jubilaciones

La brutal licuación de las jubilaciones durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei dejó una herida profunda en los ingresos de los sectores más vulnerables: para quienes perciben el haber mínimo, el deterioro acumulado equivale a la pérdida de casi seis jubilaciones completas. Este desguace previsional no es un daño colateral, sino el pilar de un ajuste que empujó a más de 27.000 personas mayores de 65 años a reingresar de forma forzada al mercado laboral —en su inmensa mayoría bajo condiciones de informalidad—, mientras el endeudamiento se instala como la única vía de escape ante ingresos que ya no cubren la subsistencia básica.

La ofensiva sobre los ingresos igualmente trasciende al sector pasivo. Los salarios sufren el impacto de paritarias fuertemente condicionadas, que corren crónicamente por detrás de una inflación persistente. A este escenario se le suma un sistema de actualización previsional incapaz de recomponer lo perdido y un bono de 70.000 pesos congelado de manera deliberada desde el inicio de la gestión.

Casi seis haberes perdidos

Tanto el haber mínimo como el haber medio se redujeron más de un 40 por ciento en términos reales durante los primeros meses del mandato Milei. El salto inflacionario posterior a la devaluación de diciembre de 2023 produjo una fuerte licuación de las jubilaciones y las llevó a sus niveles más bajos, mientras que el posterior rebote resultó insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según advierte la Undav, tras ese proceso, la capacidad de compra de los jubilados continúa por debajo del promedio registrado entre enero y noviembre de 2023.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, quienes cobraron el haber mínimo acumularon una pérdida de 2.721.627 pesos, equivalente a 5,75 jubilaciones mínimas o casi cinco meses de ingresos, calcularon.

La pérdida acumulada no se reintegra, aun cuando la jubilación lograse superar los valores previos. La fórmula de actualización trimestral adoptada por el Gobierno tampoco consiguió todavía revertir esta dinámica, en un contexto de fuerte volatilidad inflacionaria.

A esto se suma el bono de 70.000 pesos para quienes cobran la mínima, congelado desde el inicio de la gestión libertaria: si se incorporara su pérdida de poder adquisitivo al cálculo, el deterioro real de los haberes previsionales sería mayor.

Jubilados a trabajar

El deterioro de los ingresos de las personas mayores, sumado a las dificultades que atraviesan jóvenes y adultos en el mercado laboral —muchos de ellos sostén económico de sus padres en edad avanzada— llevó a un número creciente de jubilados a reinsertarse en el mercado para complementar sus ingresos. Según cálculos de la Undav, elaborados a partir de estadísticas oficiales, más de 27.000 personas mayores de 65 años volvieron a trabajar. El dato expone la precariedad de quienes dependen de los ingresos previsionales para sostener sus gastos cotidianos y se ven obligados a extender su vida laboral más allá de la edad de retiro, postergando el derecho a una vejez digna.

Por si fuera poco, la mayoría de las personas mayores que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad. Según las estimaciones, la tasa alcanza al 61,6 por ciento entre las mujeres de más de 65 años y al 55,6 por ciento entre los varones, muy por encima del 43 por ciento registrado para el conjunto del mercado laboral.

Endeudarse para llegar a fin de mes

En un contexto de erosión del poder de compra de los haberes y de personas mayores obligadas a volver al mercado laboral, aparece otra estrategia para compensar la caída de los ingresos: el crédito. Pero aquello que funciona como una salida de emergencia puede convertirse en un problema cuando las condiciones de financiamiento son desfavorables y los ingresos no alcanzan para afrontar capital e intereses. Tras la suspensión de los préstamos que otorgaba la ANSES, los jubilados quedaron particularmente expuestos y debieron recurrir en mayor medida a prestamistas no bancarios.

Según el reporte, a febrero de 2026 unas 1.345.954 personas mayores de 65 años mantenían deudas con prestamistas no bancarios. Se trata de entidades que ofrecen financiamiento con menores requisitos de solvencia, pero a tasas de interés más elevadas, lo que incrementa las dificultades para afrontar luego las obligaciones asumidas.

Entre diciembre de 2023 y febrero de este año se incorporaron unos 203.000 nuevos deudores jubilados, un aumento del 17,7 por ciento en la cartera.

Página12