Por tercera vez fracasó el tratamiento del proyecto de ley sobre falsas denuncias

Con el tratamiento postergado hasta más ver del proyecto legislativo de falsas denuncias que firma Carolina Losada, gracias a la lucha permanente de madres protectoras, colectivas contra el abuso sexual en las infancias, organizaciones de mujeres y diversidades, redes profesionales de la salud y abogadas, la iniciativa de la senadora radical entra en un período crítico y podría llegar a tambalear, aun con dictamen favorable, por el motivo fundamental de que la figura de falsa denuncia ya está incluida en el Código Penal, afirman referentes de diferentes colectivos jurídicos y desde la propia Banca de la Mujer de la Cámara Alta, donde lo definen como un proyecto que criminaliza a quienes denuncian y encubre las violencias intrafamiliares.

“Amplía de manera arbitraria el tipo penal que existe en el Código hasta seis años, es decir que duplica la condena de violencias de género y abuso sexual en las infancias. Es un proyecto pensado para disciplinar y vuelve al pasado, como una cuestión de la vida privada”, sostuvo María Elena Naddeo, una de las voces que participaron del conversatorio “La ofensiva antiderechos en la era Milei. Proyecto de falsas denuncias y cuestionamientos a la ESI”, organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Militante política feminista histórica y secretaria general del organismo, agregó que el proyecto libertario “no soporta el control de convencionalidad porque no tiene en cuenta ningún tratado de derechos humanos” y va en línea con “los recortes del Gobierno, que hacen peligrar la existencia de la Línea 137, desde donde se realizaron 43.646 intervenciones por diferentes situaciones de violencia: 1 de cada 5 niñxs fueron abusadxs; 1 de cada 3 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencias, y las que se animan a denunciar atraviesan un calvario en sede judicial”, lamentó. “Hay unas 1.200 mujeres denunciantes por abusos a sus hijxs sin que la Justicia haga nada.”

En su nueva presentación, el proyecto suprime las menciones violencia de género, violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes, y los delitos contra la integridad sexual, para reemplazarlos por las categorías ambiguas de “delito doloso grave”, “personas vulnerables”, y “restricción de derechos patrimoniales o familiares”, que no existen en el Código Penal.

La coordinadora del encuentro, Luciana Mazuelos, de la APDH San Juan, asentó el rechazo de la asociación al proyecto que se presentaría en su tercera versión, “porque representa un nuevo intento de sembrar el miedo, desalentar las denuncias y debilitar el acceso a la Justicia de quienes padecen situaciones de violencia de género, abuso y violencia sexual”.

Mientras miles de víctimas enfrentan obstáculos para ser escuchadas, expuso, “esta iniciativa pone el foco en un problema cuya incidencia es reducida, desviando la atención de las violencias que siguen siendo cotidianas y estructurales. Frente a esos avances sobre derechos conquistados, debemos defender la Educación Sexual Integral (ESI) más que nunca, garantiza que niñas, niños y adolescentes aprendan a decir no y a pedir ayuda. Atacar la ESI y promover discursos que desalientan las denuncias favorecen el silencio y la impunidad”.

A su turno, la educadora feminista Laura Velasco, presidenta del Parlamento de Mujeres y Diversidades de la Legislatura, hizo un recorrido histórico desde la sanción de la ESI, que en octubre cumplirá veinte años y sigue peleando “contra los embates de la ultraderecha y los neofascismos”.

Velasco remarcó que el trabajo en los territorios de la Ciudad desde las pedagogías feministas, se sostuvo hasta 2023,“cuando impusieron los desfinanciamientos y la restricción de acceso a contenidos. El 80% de quienes denuncian lo hacen después de una clase de ESI, de acuerdo con un informe del Ministerio Público Tutelar. Y crecen versiones de que el Senado presentará un proyecto de ley de libertad educativa sobre ESI, como si se tratara de una religión optativa. ESI no es religión, es derecho de lxs estudiantes para poder transitar vidas libres de abusos y violencias”.

Crueldades por vencer

Del encuentro participaron también el ex juez Carlos Rozanski y la psicóloga Natalia Amatiello, que integran la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS). En 2024 presentaron una denuncia penal contra Losada y el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por llevar al Senado a Anet Jazmín Carro, de entonces 18 años, a leer, como si fueran dichos propios, un texto donde declaraba que su padre, Julio César Carro, había sido condenado injustamente a raíz de una denuncia inventada por ella cuando tenía 14 años. El abusador cumple condena de 15 años, ratificada por la Corte Suprema de Justicia cordobesa, como “autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado por el grave daño en la salud mental de la víctima, el vínculo y la situación de convivencia preexistente”, cuando Anet tenía entre 6 y 10 años.

En la denuncia argumentaron que “Losada y Cúneo Libarona representan lo peor del patriarcado, la discriminación y la misoginia. Ambos generaron un escenario de agresión hacia las víctimas de abusos y de defensa de los acusados y condenados por pedofilia”. Casi dos años después, Rozanski y Amatiello suman a este escenario el crecimiento agravante de las políticas de odio.

“Estamos en una era de crueldad, que a algunos enorgullece, como la forma de poner a otrxs en lugar de objetos”, subrayó la especialista en ASI. “Este proyecto parte de esa crueldad y su reacción es contra lxs que ponen voz a las infancias vulneradas, que son las madres, lxs profesionales, docentes y los dispositivos de escucha. Pretenden amedrentar, castigar y silenciar a quienes queremos sostener la defensa de las infancias.”

En el 80% de los casos el abuso es intrafamiliar, continuó. “Pero la ruta crítica de la Justicia está montada sobre el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), y las madres se encuentran con esta enorme barrera: nunca alcanzan las pruebas, pese a que hay tantos indicios e indicadores, y los discursos mediáticos tienden a instalar la idea de que las madres mienten y que psicólogos y psicólogas hacen informes falsos.”

Cuestiones que van haciendo mella, según Amatiello: en el sistema judicial no se logra mover la mecánica para promover la protección integral. “Con el acompañamiento mediático y de redes muestran a una masculinidad ofendida y perseguida, denostando a los feminismos; la impunidad de abusadores y pedófilos es enorme”, aseguró. “Se va instalando un paradigma negacionista de los derechos de las madres y las infancias, junto con un proyecto sobre un fenómeno que no existe, pero que sería una forma de convertir en ley el silencio y el miedo. ¿Qué madre va a animarse? Estamos en una encerrona, porque si no podemos denunciar, ¿cómo se reactiva la protección integral? Vamos a tener que ser creativas, con respuestas situadas y colectivas. Llevamos la gran responsabilidad de dar y voz y sostener a lxs niñxs en sus relatos.”

Rozanski enumeró el recrudecimiento de los malos tratos y la violencia de género, los abusos sexuales y las violencias intrafamiliares. “Es un retroceso que no tiene precedentes en Argentina. Vivimos una era en que los dirigentes gozan de esa política de la crueldad.”

Sobre el proyecto de ley de falsas denuncias, recordó que es la tercera oportunidad que Losada intenta llevarlo al recinto, “pero esta vez le sacaron los términos abuso sexual y violencia de género, para lavarle la cara”, y no quiso dejar de nombrar a sus promotores, el senador riojano por La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto; a Andrea Guacci, fundadora del Frente de Mujeres Argentinas, y a Mariano Cúneo Libarona.

“Pagotto es conocido en La Rioja por ser defensor de genocidas y proxenetas: en una sesión de julio de 2024, propuso que se despenalice a aquellos padres que vendan a sus hijos, salvo cuando lo hagan de manera habitual. ¡Nadie pidió su desafuero!“, exclamó. ”Andrea Guacci es la esposa del ex director técnico de la Selección Femenina de Fútbol sub 15 y sub 17, Diego Guacci, con numerosas denuncias por acoso y comportamiento abusivo. Y el ex ministro de Justicia carga un frondoso prontuario, lo hemos denunciado penalmente por graves delitos.”.

Lo definió como “un proyecto para coercionar en el plano judicial, intimidar a lxs que trabajan para que se disminuyan las denuncias, para presionar a los tribunales con los casos que todavía no se resolvieron y beneficien a los imputados con una liberatoria”. Losada “pretende generar un mito de una gran cantidad de falsas denuncias, cuando a nivel mundial no llegan al 1%. En Argentina, según el Observatorio del Ministerio Público Fiscal en base a 8 millones de casos, el 0,09% son falsas denuncias. De este porcentaje, sólo el 8% corresponde a violencia de género y ninguna a abuso sexual infantil”.

Sobre el final, en la ronda de consultas, alguien preguntó a Rozanski: -¿A quiénes beneficia este proyecto?

-Defiende la pedofilia, la trata, la explotación sexual infantil y la publicación en redes. Pero hay que analizarlo en el contexto actual. Es propuesta por criminales para defender a criminales.

Página12