PAMI, bajo la lupa por retiros voluntarios
La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades en el plan de retiros voluntarios aplicado en el Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025. La presentación también solicita determinar si el mismo mecanismo pudo haberse replicado posteriormente en el PAMI.
La denuncia fue presentada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez quien pidió ser aceptado como querellante. El escrito alcanza a exfuncionarios del Ministerio de Justicia que actualmente ocupan cargos en el organismo previsional y a otras personas que podrían surgir durante la investigación.
El planteo judicial solicita analizar la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y enriquecimiento ilícito. También menciona posibles inconsistencias patrimoniales, aunque todas las acusaciones deberán ser corroboradas por la Justicia.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al procedimiento utilizado para desvincular a trabajadores contratados mediante el ente cooperador ACARA. Según la denuncia, mientras la normativa preveía formalizar los retiros mediante escritura pública, se habrían realizado homologaciones masivas a través del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
El denunciante sostiene que ese mecanismo habría generado honorarios profesionales no contemplados originalmente y que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado. Además, cuestionó la falta de respuesta a pedidos de acceso a la información sobre los montos y el alcance del programa.
Tras conocerse la presentación, el Gobierno nacional rechazó las acusaciones y negó que hayan existido irregularidades tanto en el Ministerio de Justicia como en el PAMI. La Justicia Federal deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal.