Visión
La reanudación del cuarto intermedio del Senado Nacional abrirá una puja, no solo entre oficialismo y oposición en el recinto, sino entre las propuestas del gobierno de La Libertad Avanza y movimientos que representan una corriente de opinión crecientemente contraria. El motivo es el proyecto de la llamada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se observa como un riesgo para la soberanía territorial del país. La iniciativa, cuya autoría intelectual se adjudica al ministro de Desregulación Federico Stursenegger, hasta el momento ha tornado inestable el frente aliado que acompaña habitualmente las propuestas legislativas del presidente Javier Milei.
Como ha sido planteada, no se reduce a una cuestión vinculada a la protección de un derecho constitucional sino que rompe acuerdos sociales previos, como el que limita el acceso de extranjeros a la propiedad de la tierra. La exposición de un mapa que grafica cómo se orientan las inversiones de ese tipo, da razones a quienes rechazan la eliminación de límites, que es uno de los puntos de confrontación de difícil resolución si la reforma propuesta no es retirada.
La normativa vigente puso un techo de 15% para la extranjerización pero el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires y CONICET reveló que ya se ha cubierto un tercio de ese tope, equivalente a más de 13 millones de hectáreas pero hay zonas críticas, donde la extranjerización alcanza casi al 50%. Ese dato debe llamar la atención de los salteños, porque precisamente esa franja roja abarca a dos departamentos de esta provincia. Se trata de Molinos y San Carlos, donde otro dato no menos importante es la concentración en manos de estadounidenses en primer lugar, seguidos por uruguayos y españoles. El informe del Observatorio da cuenta que esta situación refleja la tendencia que se manifiesta en otros puntos del país y es el interés de capitales extranjeros por territorios con potencial para el desarrollo de actividades mineras, energéticas, agropecuarias y turísticas, que están localizadas en zonas de frontera, corredores estratégicos o territorios con alto valor económico por sus recursos naturales.
Una de las voces que se ha escuchado con fuerza es la de la Diócesis de Orán, que pidió a los legisladores nacionales que actúen como “custodios de la soberanía nacional” y prioricen el bien común por encima de los intereses particulares y corporativos. A través de sus Pastorales Social, Ecológica y Aborigen manifestó su rechazo al proyecto de ley que propone declarar la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada y advirtió que puede afectar los derechos de comunidades indígenas y campesinas del norte salteño. En un documento titulado “La tierra es un don de Dios, no es una mercancía”, las Pastorales subrayan que la propiedad privada debe cumplir una función social y estar subordinada al bien común. La tierra -dice en uno de sus párrafos- constituye un bien destinado al servicio de toda la humanidad.
No es un concepto que se atienda en el proyecto que se ha girado al Congreso y que se ha convertido en un punto de resistencia que, si no se elimina, puede atentar contra todo el andamiaje de una ley que también afecta otras normas que merecen cuestionamientos, como la facilitación de desalojos o el cambio de uso del suelo de superficies afectadas por incendios forestales.
Cualquiera de sus aspectos impactan en situaciones que se registran en una provincia que tiene bosques, comunidades aborígenes con derecho a la tierra y valiosos recursos que no solo deben tratarse con una visión economicista.
Salta, 03 de agosto de 2026