Reforma
Tal como lo planteó el mandatario -que políticamente no está atravesando un buen momento- el conjunto de iniciativas constituyen el andamiaje institucional de su programa económico. Esa enunciación le da fortaleza a un conjunto de propuestas que, hasta para el más inadvertido, aporta certezas sobre el sentido que tendrá el ordenamiento macroeconómico.
Mientras en el Congreso se acumulan proyectos que no tienen el apoyo necesario para imponer reformas que parecieran solo le importan al gobierno libertario, la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central en realidad no irrumpió individualmente sino que vino acompañada con un conjunto de propuestas para seguir ordenando la política monetaria y financiera. Es lo que planteó en su discurso el presidente Javier Milei, confirmando su intención de congelar todo gasto público -incluso el pago de haberes- a funcionarios del Estado, cuando se registre déficit fiscal. El mandatario se refirió a esa decisión como “grillete fiscal”, una regla de equilibrio de las cuentas públicas, que completa con una propuesta de cambios en los mercados de capitales y de seguros.
Los anuncios dados a través de la conferencia de prensa constituyen, como textualmente señaló el Presidente de la Nación, “un conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años”. También sostuvo que buscan dar rango legal a los principales pilares de su programa económico y dificultar que futuras administraciones los reviertan; esto es, los proyectos que se girarán al Congreso apuntan a eliminar de manera definitiva los mecanismos que permitieron financiar el gasto público mediante emisión, consolidar el equilibrio fiscal y desarrollar un sistema financiero “más profundo” que canalice el ahorro hacia la inversión.
Sin dudas que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuya última reforma se registró en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández , es la que tiene mayor volumen. Trata que su único objetivo sea el de preservar el valor de la moneda, eliminando otras finalidades como las de promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. También propone prohibir cualquier forma de financiamiento monetario al sector público mediante emisión y apunta a reforzar la independencia de la autoridad monetaria, endureciendo significativamente las condiciones para la remoción de su presidente. Sin ser las únicas, son disposiciones significativas pero incumplen la propuesta electoral de 2023, de desaparición de la entidad.
Mucho más atractiva para la atención ciudadana es la prohibición de aprobar o sostener presupuestos deficitarios. Es un proyecto de ley estableciendo un mecanismo automático de corrección en caso de que las cuentas públicas permanezcan en rojo durante varios meses consecutivos, que se activará automáticamente paralizando las actividades no esenciales del Estado; además se congelarán nuevas erogaciones, no podrán incorporarse empleados públicos ni adjudicarse nuevos contratos y quedarán suspendidas las transferencias discrecionales a las provincias. Si bien es copia de un mecanismo que opera en la administración de Estados Unidos, incorpora la disposición de que el presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores dejarán de percibir sus salarios. Expresamente protegidas quedarán prestaciones consideradas esenciales, como el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, salud, seguridad y defensa.
A todas luces se abre otro capítulo de confrontación con la oposición y de negociación con los aliados. Pero es el intento de construir una nueva etapa de reformas.
Salta, 31 de agosto de 2026