Nación priorizó una megaobra minera pese a objeciones provinciales
El Gobierno nacional avanzó con la ampliación del sistema eléctrico destinada a abastecer al proyecto minero Josemaría, pese a las objeciones planteadas por organismos, municipios y otras compañías de San Juan.
El emprendimiento requerirá una demanda de 260 megavatios y contempla la construcción de estaciones transformadoras y una línea de alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro.
La resolución sostiene que las redes involucradas forman parte del Sistema Argentino de Interconexión y, por lo tanto, están bajo jurisdicción federal.
La Provincia no tendrá poder de veto
Entre los cuestionamientos apareció el planteo de que las autoridades provinciales debían intervenir en la planificación y autorización del acceso a la red.
El organismo nacional rechazó ese argumento y afirmó que las provincias no tienen poder de veto sobre el acceso a las instalaciones nacionales de alta tensión.
También descartó que la asignación de hasta el 90% de la capacidad remanente al complejo minero pueda considerarse abusiva únicamente por el volumen solicitado.
Reclamos de municipios y otras mineras
Autoridades de Jáchal, Calingasta e Iglesia habían planteado objeciones y pedidos de audiencia pública, mientras que la empresa Minas Argentinas reclamó que se respetaran los derechos de acceso energético previamente reconocidos para el proyecto Gualcamayo.
La compañía advirtió que el otorgamiento de prioridad a Josemaría podía afectar la capacidad reservada para su emprendimiento.
La decisión expone una disputa cada vez más frecuente en las provincias mineras: quién tiene prioridad sobre la energía disponible y cuánto poder conservan los gobiernos locales frente a proyectos considerados estratégicos por Nación.