Política30/06/2026

"Las medidas de protección no resuelven el trasfondo de la violencia"

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres expresó reparos al proyecto que propone modificar las leyes provinciales sobre violencia familiar y de género.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone modificar las leyes de Protección de Víctimas de Violencia Familiar y de Protección contra la Violencia de Género para dejar establecido que las medidas judiciales de protección sean provisorias, se revisen cada seis meses y cuenten con la intervención del Ministerio Público

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) consideraron que la discusión debe contemplar el funcionamiento integral del sistema de protección y no limitarse a una modificación normativa.

"Asusta que no se consulte, que no se dialogue con el Poder Judicial, con quienes ejecutan, las juezas de Violencia, son las que tienen que estar constantemente tomando medidas cuando les llega una denuncia", sostuvo Ana Pérez Declercq, integrante del Directorio del OVCM.

La referente señaló además que las medidas de protección ya tienen un carácter temporal, por lo que consideró que ese aspecto no constituye una novedad dentro de la legislación vigente; y explicó que uno de los principales desafíos aparece al momento de ejecutar las resoluciones judiciales.

"La Justicia dicta las medidas, pero quien ejecuta las medidas es el Ejecutivo provincial. Entonces tenemos que pensar cuántos policías tenemos en la provincia; cuando se dicta una medida de poner un botón en un celular tenemos que pensar con cuántos dispositivos con conectividad contamos", expresó.

Pérez Declercq enfatizó que las medidas de protección cumplen una función preventiva, pero no resuelven por sí mismas las causas de la violencia. "Las medidas son de protección, no son medidas que resuelvan la problemática, no son medidas que atiendan al trasfondo de esa violencia", remarcó.

En esa línea, consideró que el debate legislativo debería avanzar también sobre el fortalecimiento de las políticas de prevención ya previstas en la Ley 7888, como la obligación de denunciar situaciones de violencia desde los ámbitos de la salud y la educación.

“Cuando ya hay situaciones extremas y hay que poner un policía en la puerta de la casa, está bien que se cumpla. Pero para eso necesitamos dar diez pasos más atrás", concluyó.

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