Crearon la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena
En el marco del proceso de modernización institucional impulsado por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de Salta, la Procuración General dispuso la creación de la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena, un organismo especializado que tendrá a su cargo la intervención del Ministerio Público Fiscal en todas las cuestiones vinculadas con la ejecución de las sentencias penales.
El funcionamiento estará a cargo del fiscal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, quien contará con un equipo de trabajo.
La decisión responde a la necesidad de fortalecer una etapa del proceso judicial que presenta creciente complejidad y demanda una actuación permanente, especializada y coordinada. La nueva unidad permitirá concentrar la labor de los fiscales en el seguimiento del cumplimiento efectivo de las condenas, el control de las reglas de conducta impuestas por los tribunales y la intervención en los distintos incidentes que puedan surgir durante la ejecución de la pena.
Con esta medida, la Procuración General procura dotar al Ministerio Público Fiscal de una estructura específica que brinde mayor eficiencia, uniformidad y calidad técnica en una instancia clave del proceso penal, asegurando que las decisiones judiciales se ejecuten conforme a la ley y bajo un adecuado control jurisdiccional.
Entre sus funciones, la Unidad intervendrá en los pedidos de libertad condicional, salidas transitorias, prisión domiciliaria, unificación de condenas, revocación de beneficios, cómputos de pena, cumplimiento de reglas de conducta y demás incidencias relacionadas con la ejecución penal. Asimismo, realizará el seguimiento de las penas de ejecución condicional y de las medidas alternativas, articulando acciones con los distintos organismos competentes.
Se destacó que esta nueva estructura representa un paso más en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público Fiscal y reafirma el compromiso de brindar una respuesta más eficaz, profesional y transparente en todas las etapas del proceso penal, garantizando el debido control del cumplimiento de las condenas y la protección de los intereses de la sociedad.