Reforma laboral y gremios: alertan por el impacto de los nuevos límites a los aportes

En N&N, el abogado laboralista Desiderio Diez advirtió que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional ya se encuentra plenamente vigente y la calificó como una de las modificaciones más profundas que sufrió el derecho laboral argentino en las últimas décadas.

Según explicó, la normativa dejó atrás los cuestionamientos judiciales iniciales luego de que quedara sin efecto la medida cautelar que había frenado parte de su aplicación. "Yo creo que es una de las reformas más profundas que sufrió el derecho al trabajo en las últimas décadas. Está plenamente vigente", sostuvo.

Diez cuestionó la idea de que los cambios representen una modernización del mercado laboral y afirmó que, en la práctica, implican una flexibilización que perjudica a los trabajadores. "Para algunos es una modernización laboral destinada a adecuar el trabajo a las nuevas exigencias tecnológicas, pero en realidad es una flexibilización laboral que tiende a la precarización y a maximizar los beneficios de las grandes empresas", afirmó.

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los sectores sindicales es la reglamentación vinculada a los aportes que financian a las organizaciones gremiales.

El abogado explicó que la nueva normativa establece un tope del 2% para cualquier tipo de aporte o contribución que pueda descontarse de los salarios en favor de los sindicatos.

Hasta ahora, además de la denominada cuota solidaria que pagan los trabajadores beneficiados por los convenios colectivos sin estar afiliados, existían otros mecanismos extraordinarios de financiamiento acordados en distintas actividades. "Con esta reglamentación se pone un tope del 2% por todo concepto, lo que implica una definición muy grave para las entidades sindicales", señaló.

A su entender, la medida forma parte de una estrategia destinada a reducir la capacidad económica y organizativa de los gremios. "Es una forma de quitarles financiamiento para que tengan menos capacidad de movilización y funcionamiento", sostuvo.

Otro de los aspectos cuestionados por Diez es la regulación del derecho de huelga. Según explicó, la reforma amplió el listado de actividades consideradas esenciales y estableció niveles mínimos de prestación de servicios durante los conflictos gremiales.

Además, advirtió que la norma incorpora conceptos que podrían dar lugar a interpretaciones amplias sobre las medidas de protesta. "Se criminaliza el derecho de huelga porque se dejan librados a criterios muy vagos aspectos que hacen al ejercicio de la protesta laboral", afirmó.

En ese sentido, señaló que el transporte público fue incluido dentro de las actividades esenciales, lo que limita significativamente la posibilidad de paralizar completamente el servicio. "Si mañana hubiese un paro de la UTA, de cada diez choferes, siete obligatoriamente tienen que trabajar. Eso ya está vigente", explicó.

Para el especialista, todos los cambios responden a una misma lógica orientada a restringir herramientas históricas de negociación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. "La reforma tiene un principio rector muy claro. Todo está estructurado con una misma lógica, pero claramente no es una lógica favorable para los trabajadores", concluyó.