Capital Humano: ratifican pases a disponibilidad y habilitan la vía judicial
El Gobierno nacional volvió a respaldar la reestructuración del Ministerio de Capital Humano y rechazó los reclamos de trabajadores que habían sido pasados a disponibilidad tras la eliminación de áreas internas.
La decisión fue oficializada mediante distintos decretos publicados este martes en el Boletín Oficial, firmados por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello.
Qué reclamaban los empleados
Los trabajadores cuestionaron la medida porque entendían que el pase a disponibilidad era ilegítimo, afectaba su estabilidad laboral y debía ser reemplazado por una reubicación dentro de la Administración Pública Nacional.
También plantearon que la decisión vulneraba garantías constitucionales vinculadas al empleo público, la defensa y el debido proceso.
El Gobierno rechazó esos argumentos y sostuvo que los agentes pertenecían a áreas suprimidas por la reorganización del ministerio, por lo que correspondía aplicar el régimen de disponibilidad.
Qué significa quedar en disponibilidad
El pase a disponibilidad deja al trabajador en una situación transitoria: no implica necesariamente una desvinculación inmediata, pero sí lo coloca fuera de su función habitual mientras el Estado define si puede reubicarlo o si avanza hacia el cese.
En los casos publicados, la disponibilidad había sido fijada por un plazo de seis meses, como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dentro de Capital Humano.
La tensión: ajuste estatal y estabilidad laboral
El punto de conflicto es político y laboral. Para el Gobierno, la medida forma parte del ordenamiento de estructuras estatales consideradas excedentes. Para los trabajadores afectados, en cambio, implica una amenaza concreta sobre la continuidad laboral dentro del Estado.
Con los decretos publicados, la discusión administrativa quedó cerrada. Ahora, quienes quieran sostener el reclamo deberán acudir a la Justicia, con un plazo de 180 días hábiles judiciales desde la notificación.
La resolución marca un nuevo capítulo del ajuste estatal: menos oficinas, menos cargos activos y más conflicto con empleados que buscan conservar su lugar dentro de la administración pública.