Salta creó una Unidad de Flagrancia para actuar ante delitos y detenciones urgentes
La Procuración General de la Provincia dispuso la creación de una Unidad de Flagrancia en el Distrito Judicial Centro con el objetivo de brindar una respuesta más rápida y especializada en los casos de delitos cometidos en flagrancia y situaciones que requieran detenciones urgentes.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1709, firmada por el procurador general Pedro García Castiella, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Salta, que establece un sistema acusatorio, oral y público, otorgando al Ministerio Público Fiscal un rol central en la investigación de los delitos.
Según se detalla en la resolución, la nueva dependencia funcionará en el ámbito del Distrito Judicial Centro, con excepción de la circunscripción de Cafayate, y estará especializada en intervenir de manera inmediata en hechos donde los sospechosos sean sorprendidos cometiendo un delito o existan motivos urgentes para ordenar una detención.
Desde la Procuración señalaron que la iniciativa responde al crecimiento sostenido de las denuncias penales en la provincia. Entre 2020 y 2025 ingresaron más de 100.000 denuncias por año al sistema judicial, con un incremento promedio cercano al 10% anual, situación que generó una mayor presión sobre las fiscalías del Distrito Centro.
La nueva estructura buscará aliviar la carga de trabajo de las fiscalías ordinarias, permitiéndoles concentrarse en investigaciones más complejas, mientras que la Unidad de Flagrancia se encargará de los casos que requieren una intervención inmediata.
La resolución también prevé la reasignación de recursos humanos y materiales para su funcionamiento, la elaboración de un manual operativo y la creación de una mesa de planificación interinstitucional integrada por representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos y áreas del Ejecutivo provincial para acompañar la puesta en marcha del nuevo sistema.
Desde la Procuración destacaron que la medida forma parte de un proceso de reorganización integral del Ministerio Público Fiscal orientado a mejorar la eficiencia, la coordinación y la calidad de la respuesta judicial ante los delitos.