Cambios en discapacidad: provincias y empresas quedarían obligadas a cubrir prestaciones clave

La presidenta de la Fundación Anidar, María Elena Arce, advirtió que la situación de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad sigue siendo “extremadamente delicada”, pese a que Nación canceló parte de la deuda que mantenía desde el año pasado.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Arce explicó que la semana pasada recibieron el pago de algunos expedientes correspondientes a 2024, pero aclaró que aún quedan pendientes prestaciones de este año.

“A nosotros nos abonaron unos pocos expedientes la semana pasada. Cancelaron hasta diciembre, pero nos deben lo de este año”, señaló.

La dirigente sostuvo que las malas noticias continúan “casi semanalmente” y apuntó contra los cambios que impulsa el Gobierno nacional en materia de discapacidad.

Transporte e inclusión escolar

Arce cuestionó la decisión de limitar la cobertura nacional de pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad. Según explicó, el beneficio quedaría restringido a personas con tratamientos oncológicos u otras patologías severas, mientras que el resto dependería de las empresas de transporte.

“La ley está hecha para que el Estado garantice, no para que delegue sus obligaciones en empresas privadas”, afirmó.

También advirtió que Nación busca trasladar a las provincias prestaciones vinculadas al acceso a la educación y la inclusión escolar, que actualmente son cubiertas mediante obras sociales, Incluir Salud o PAMI.

“Están fraccionando derechos”

Para Arce, el Gobierno nacional cambió la estrategia y ahora avanza por partes sobre derechos reconocidos por ley.

“Antes lo hacían en la globalidad de la ley. Ahora lo están fraccionando y tratando de desmembrarla”, sostuvo.

La presidenta de Anidar consideró inviable que las provincias absorban esos costos, especialmente en un contexto donde las instituciones ya vienen atravesando demoras en los pagos, dificultades financieras y problemas para sostener su funcionamiento.

“Con apoyo moral no pagamos servicios, sueldos ni alquileres”, remarcó.

Arce advirtió que trasladar responsabilidades a provincias o privados puede dejar sin cobertura efectiva a muchas personas con discapacidad, especialmente en Salta y en el interior del país.