Alertan por desalojos más rápidos y posibles medidas sin sentencia firme
En su columna por Aries, el director del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Salta, Martín Plaza, analizó el proyecto de ley denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que se debate en el Senado de la Nación, y advirtió que la iniciativa introduce modificaciones “estructurales” en distintos aspectos vinculados a la vida cotidiana y al rol del Estado.
En N&N, Plaza explicó que el proyecto fue enviado por el Ministerio de Desregulación y remarcó que el nombre de la iniciativa resulta “polémico”, ya que la propiedad privada “ya tiene una protección constitucional en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, que establece su inviolabilidad como uno de los pilares del sistema jurídico argentino.
El especialista señaló que el texto en discusión contempla seis capítulos, aunque indicó que se estarían negociando cambios en el Congreso, incluso la eliminación de algunos apartados. En ese marco, mencionó versiones sobre la eliminación del capítulo vinculado al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), aunque aclaró que no existen dictámenes oficiales y que las modificaciones se estarían definiendo en reuniones entre bloques parlamentarios.
Plaza detalló que uno de los puntos centrales del proyecto es la reforma del régimen de expropiaciones, al establecer criterios más estrictos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, lo que, según explicó, implicaría una limitación de la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública y avanzar sobre determinados bienes.
También advirtió que la iniciativa incorpora el concepto de lucro cesante en las indemnizaciones, lo que podría aumentar los costos para el Estado en los procesos de expropiación.
Otro de los ejes señalados es la modificación del régimen de desalojos, mediante la creación de un proceso sumarísimo y la posibilidad de desalojos cautelares, es decir, sin sentencia firme en determinados casos. Plaza explicó que el proyecto establece plazos más breves para intimaciones de pago, incluso de hasta tres días, lo que aceleraría los procedimientos judiciales vinculados a alquileres.
En ese sentido, el especialista alertó sobre el impacto que estas medidas podrían tener en distintos sectores, incluyendo inquilinos, comunidades rurales e indígenas, y la regulación de tierras rurales, donde también se proponen modificaciones a los límites actuales para la adquisición por parte de capitales extranjeros.
Finalmente, Plaza advirtió que varias de las reformas planteadas podrían generar judicialización, al considerar que se vinculan con principios constitucionales y ambientales como la no regresividad en materia de protección de derechos.