Ley de Glaciares: alertan por una "trampa" en la reforma y posibles conflictos entre provincias
En su columna en N&N por Aries, el abogado y coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pablo del Pino, analizó el avance del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares y planteó serias objeciones al proceso.
El especialista señaló que, si bien la participación ciudadana es un aspecto positivo, existen “vicios en el procedimiento” que podrían derivar en cuestionamientos judiciales.
“Hay más de 100 mil inscriptos, pero menos del 10% pudo exponer. Eso afecta la representatividad”, advirtió.
Críticas al proceso
Del Pino explicó que no existe un plazo claro para la emisión de dictamen tras las audiencias públicas, lo que genera incertidumbre en el tratamiento legislativo.
Además, cuestionó la reducción del tiempo de exposición y la falta de reglas claras: “Hay una laguna legal que permite decisiones arbitrarias en el proceso”.
En ese sentido, sostuvo que la reforma podría ser judicializada por incumplimiento de garantías básicas de participación.
Ambiente y control
El abogado remarcó que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano reconocido constitucionalmente y advirtió sobre los riesgos de modificar la normativa vigente.
Uno de los puntos más críticos, según explicó, es la delegación de controles a las provincias.
“Se plantea como federalización, pero puede ser una trampa”, afirmó.
También alertó sobre la capacidad real de control en los territorios y los posibles conflictos entre provincias por recursos compartidos.
Impacto en Salta
Del Pino recordó que en la provincia existen más de 700 zonas periglaciares, lo que vuelve especialmente relevante el debate.
Además, cuestionó que la reforma esté impulsada en función de intereses productivos sin una revisión integral del marco legal minero.
“Si se quiere desarrollar la minería, primero hay que discutir el Código Minero, que está desactualizado”, planteó.
Judicialización en aumento
Finalmente, el especialista vinculó este proyecto con otras leyes recientes que terminaron en la Justicia.
“La falta de técnica legislativa genera incertidumbre jurídica y perjudica a los ciudadanos”, concluyó.