Política Por: Ivana Chañi27/03/2026

Ley de Glaciares: “A todas luces inconstitucional”, advirtió Graciela Camaño

La diputada nacional (MC) criticó el proceso legislativo y sostuvo que se vulneraron normas ambientales y constitucionales. Apuntó a la audiencia pública.

La diputada nacional (MC) Graciela Camaño cuestionó el tratamiento del proyecto vinculado a la Ley de Glaciares y aseguró que presenta graves irregularidades jurídicas. 

En diálogo con el corresponsal de Aries en Buenos Aires, Ricardo Mangano, sostuvo que el procedimiento es “inconstitucional”.

Según explicó, una de las principales falencias es la falta de una audiencia pública en la etapa inicial del proceso.

“La audiencia pública debe ser previa”

Camaño remarcó que la audiencia pública es una instancia obligatoria que debe realizarse antes de avanzar con cualquier decisión legislativa.

“Debe convocarse en la etapa inicial, con información clara y plazos adecuados para la participación ciudadana”, afirmó. En ese sentido, consideró que realizarla de manera posterior “no legitima el procedimiento, sino que confirma el vicio”.

La exlegisladora también apuntó contra el accionar del Congreso y sostuvo que tanto el Ejecutivo como el Senado omitieron pasos clave.

Según indicó, los legisladores tienen la obligación de analizar la constitucionalidad de los proyectos antes de votarlos, algo que —según planteó— no ocurrió en este caso.

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Advertencias por normas ambientales

Camaño aseguró que el proyecto vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la protección del ambiente.

Además, hizo referencia al Acuerdo de Escazú, al que calificó como una norma de jerarquía superior, y advirtió que también se estarían incumpliendo principios como el precautorio y el de no regresión ambiental.

Críticas al contenido del proyecto

En otro tramo, sostuvo que la iniciativa presenta errores de fondo, especialmente en relación al tratamiento de los glaciares.

Según explicó, el proyecto permitiría que las provincias definan aspectos clave que deberían ser uniformes a nivel nacional, lo que podría afectar la protección ambiental.

Finalmente, Camaño consideró que el camino adecuado hubiese sido reglamentar la ley vigente en lugar de impulsar un nuevo proyecto.

"A  todas luces inconstitucional y tiene un trámite irregular", sentenció. 

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