Prohibieron el ingreso a los estadios a manifestantes del Congreso por la Reforma Laboral
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso restricciones de concurrencia administrativa vinculadas a episodios de violencia en la Plaza del Congreso. Durante una protesta por la reforma laboral se registraron incidentes que derivaron en ataques a efectivos policiales, bienes públicos y privados, así como en la obstrucción del tránsito. La medida fue publica el 25 de marzo en el Boletín Oficial y responde a la necesidad de neutralizar posibles situaciones de riesgo en eventos deportivos.
El operativo policial, ejecutado ese día en la Plaza del Congreso, permitió la detención de los agresores luego de que arrojaran proyectiles, objetos punzocortantes y bombas molotov contra fuerzas de seguridad y particulares, conforme detalló la Policía Federal Argentina. Entre las conductas registradas se incluyen ataques a agentes, daños contra vehículos oficiales y obstaculización de la circulación, con consecuencia de lesiones de diversa consideración sobre el personal policial.
La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva firmó la resolución a partir de los informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Estas restricciones, según se especifica en la normativa de referencia, pueden adoptarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados.
En el Boletín Oficial, se detalla que el 12 de marzo de 2025, se realizó una modificación a la Resolución N° 354-E/2017 para ampliar el alcance normativo. La norma endurece las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.
La decisión, que rige por plazo indeterminado desde su publicación, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo. La resolución resalta que este protocolo de exclusión representa un recurso preventivo para garantizar que quienes tengan antecedentes de violencia en eventos no participen en futuros.
Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional busca consolidar una estrategia integral de prevención frente a episodios de violencia en entornos deportivos y movilizaciones públicas, otorgando a las autoridades herramientas para neutralizar la presencia de individuos que puedan alterar el desarrollo seguro de estos eventos y, eventualmente, habilitando la actuación complementaria de la justicia penal.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de acceso a todos los eventos deportivos organizados en Argentina durante los próximos veinticuatro meses para Flavio Fernando Sosa, luego de que protagonizara un episodio de violencia en el estadio del Club Atlético Argentino de Mendoza el 5 de enero de 2026. La medida, dictada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada el 25 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El organismo nacional adoptó esta decisión tras recibir el 10 de marzo una solicitud formal de la Dirección de Planeamiento Operativo del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que informó mediante la nota N° 56/2026 sobre la participación de Sosa en disturbios durante el encuentro correspondiente al Torneo Regional Amateur, donde el equipo local enfrentó a la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP). Según la documentación, Sosa fue detenido tras sustraer el cubre cabeza a un efectivo policial y causar disturbios junto a otros individuos, para luego ser trasladado a la dependencia policial correspondiente.
La sanción impuesta consiste en una “restricción de concurrencia administrativa” en virtud de lo dispuesto en la Resolución MS N° 354/17 y el Decreto N° 246/17, que facultan al Ministerio de Seguridad Nacional a restringir el acceso a espectáculos futbolísticos a personas consideradas potencialmente peligrosas para la seguridad pública.
Con información de Infobae