La CGT salió a la calle contra la reforma laboral: qué plantean ante la Justicia

A esta altura, el objetivo de la cúpula cegetista es obtener medidas cautelares que suspendan los efectos de la ley, utilizando una "doble vía" que incluye presentaciones tanto en el fuero laboral como en el contencioso administrativo.

De hecho, el equipo jurídico de la central, asesorado por constitucionalistas de renombre, apunta contra artículos que consideran violan derechos fundamentales. Algunos de los puntos críticos son: la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales y actividades trascendentales, que obliga a garantizar coberturas de entre el 50% y el 75%.

Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT, fue tajante al respecto: “Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y se van a chocar contra una pared de nuevo”, señaló, haciendo referencia al antecedente del DNU 70, cuyo capítulo laboral fue frenado por la justicia a finales de 2023 después de un planteo similar.

La diferencia con la batalla judicial anterior expone un escenario más complejo para la CGT, que ahora enfrenta un desafío mayor: la reforma cuenta con el respaldo de una ley sancionada por el Congreso, lo que le otorga una legitimidad institucional que el DNU no tenía. Además, existe una creciente preocupación en el ámbito gremial por el proyecto oficialista de traspasar la justicia laboral a la órbita de la ciudad, lo que podría alterar el escenario de futuras decisiones judiciales.

Aun así, la movilización de la CGT no es el único foco de conflicto este lunes. La jornada coincide con un paro nacional docente convocado por CTERA, UDA y otros gremios del sector, quienes reclaman por la apertura de paritarias y el recorte de fondos educativos. Los docentes también marcharán hoy, pero hacia el Congreso, partiendo desde el Cabildo.

La estrategia judicial de la CGT se apoya en un eje central: la presunta inconstitucionalidad de los artículos que reformulan el derecho de huelga. Para la central obrera, la nueva normativa amplía de manera “excesiva” la categoría de servicios esenciales —incluyendo actividades como transporte, educación y salud— y fija guardias mínimas de hasta el 75%, un porcentaje que, sostienen, vuelve impracticable cualquier medida de fuerza.

Aquella presentación ante la Justicia argumenta que esa exigencia no constituye una regulación razonable del derecho de huelga, sino una limitación desproporcionada que vulnera garantías reconocidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege la organización sindical libre y el derecho a la huelga.

Desde el sindicalismo remarcan que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostuvo que toda reglamentación debe preservar el “contenido esencial” del derecho, algo que, a su entender, no se cumple en este caso.

Luego, otro punto sensible del planteo apunta a la reforma del régimen de indemnizaciones por despido y a la eliminación de sanciones vinculadas al empleo no registrado. La CGT cuestiona que los cambios reduzcan los costos para el empleador sin establecer mecanismos compensatorios para el trabajador, lo que —según advierten sus asesores legales— puede incentivar relaciones laborales más inestables.

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