Juicios contra Argentina: El país enfrentará reclamos por US$30.000 millones en 2026

La Argentina ingresa al 2026 con un frente judicial externo tan pesado como sus compromisos financieros. Entre condenas firmes, apelaciones en marcha y reclamos que vuelven a activarse, el país enfrenta litigios en Estados Unidos, Reino Unido y ante el CIADI que, en conjunto, representan millones de dólares.

Mientras que varios de esos casos ya no tienen más instancias legales disponibles, otros atraviesan momentos clave y podrían escalar en los próximos meses.

Expropiación de YPF
    
El expediente más voluminoso sigue siendo el de la expropiación de YPF. Tras el fallo adverso en Nueva York, que fijó una condena por US$16.100 millones, el país apeló y el proceso entró en una fase compleja.

La jueza Loretta Preska dictó medidas para avanzar sobre activos y requerir comunicaciones oficiales, pero en las últimas horas dio un respiro parcial: accedió a un pedido de YPF y suspendió el “discovery de alter ego”, es decir, la investigación sobre bienes de la petrolera susceptibles de embargo.

“Ella había permitido dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar“, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors. Según el exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, la suspensión seguirá vigente “hasta que la Cámara resuelva la apelación de YPF”, un trámite que debería ser “expeditivo” porque involucra cuestiones ligadas a la inmunidad de empresas estatales bajo la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos.

Mientras tanto, los beneficiarios del fallo —Eton Park y Petersen, financiados por Burford— presionan para cobrar. Reclaman chats, mails y mensajes de funcionarios, acusaron al país de “maniobras dilatorias” y advirtieron que evalúan sanciones. Buscan demostrar que organismos como Aerolíneas Argentinas o el Banco Central son “alter egos” del Estado para intentar embargar sus bienes. Además, siguen vigentes apelaciones conexas: la entrega de acciones de YPF, la producción de mensajes, el planteo de la ONG RA4ARG y discusiones sobre la aplicación de ley argentina.

Cupones atados al PBI

Más allá de YPF, el segundo gran capítulo es el de los cupones atados al PBI. En la versión en euros, la Justicia británica condenó a la Argentina y ya no quedan instancias legales. El país debe negociar un pago cercano a US$1800 millones, luego de que se ejecutara parte de la garantía depositada. En paralelo, por los cupones en dólares, Aurelius y otros demandantes preparan un nuevo reclamo en Estados Unidos, luego de que Preska desestimara el caso original por un tecnicismo pero habilitara una nueva presentación.

Default de 2001

También persiste el frente de los holdouts del default de 2001. Attestor Master y otros fondos ya lograron embargar activos por unos US$300 millones y aún reclaman montos adicionales, sin más recursos disponibles para la Argentina. A su vez, Bainbridge Fund busca cobrar US$95 millones: tiene un fallo favorable para tomar posesión de acciones de YPF en manos del Estado y procura avanzar sobre el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Expropiación de Aerolíneas Argentinas
    
La expropiación de la aerolínea de bandera, otro frente de conflicto. (Foto: Reuters)
Otro expediente sensible es el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El país apeló una sentencia que lo obliga a pagar alrededor de US$390 millones. Ese litigio convive con reclamos históricos vinculados al mismo proceso, incluidos los que pasaron por el CIADI y siguen abiertos en distintos tribunales.

Otras causas en CIADI

Justamente el CIADI concentra “múltiples casos abiertos y cerrados” contra el país, con condenas recientes relevantes. El tribunal del Banco Mundial ordenó a la Argentina pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá, y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria. El Gobierno analiza alternativas y evalúa intentar la nulidad de esos laudos.

A ese panorama se suman viejas causas por deuda en default y disputas por concesiones, que elevan el total de litigios. Según cálculos privados citados en expedientes, entre casos apelables y ejecutables el stock supera ampliamente los US$30.000 millones, con juicios activos en Nueva York, Londres y organismos arbitrales.

El patrón general se repite: el país apela, gana tiempo y busca negociar, mientras los acreedores endurecen estrategias para forzar pagos o embargos. Cada instancia que se resuelva en 2026 puede tener impacto directo sobre reservas, activos estratégicos y la capacidad de financiamiento del Estado.

Con información de TN