El PRO pidió la impugnación de autoridades de la AGN
El partido liderado por Mauricio Macri volvió a cuestionar la definición de integrantes de la Auditoría General de la Nación y tensa su vínculo con La Libertad Avanza. “No se trata de una discusión política, sino de legalidad”, indicaron.
El PRO realizó otra presentación en la AGN (Auditoría General de la Nación) para impugnar formalmente las designaciones de los nuevos miembros del organismo. “Volvieron a apurarse para consumar una jura irregular”, indicó el documento que lleva la firma del jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.
El texto que se presentó este lunes se da tras el amparo que impulsó Ritondo para evitar que los nombramientos de Pamela Caletti, Mónica Almada y Juan Ignacio avancen y lleguen a ser efectivamente miembros de la AGN.
“Las designaciones referidas carecen de competencia funcional, vulneran de manera directa el debido proceso adjetivo parlamentario, el principio de legalidad y las reglas esenciales que rigen la conformación de los órganos de control. Esto determina que los actos dictados en su consecuencia resulten insanablemente nulos, conforme los principios generales del derecho público argentino”, agregó el documento.
El enojo del bloque PRO comenzó tras la decisión de La Libertad Avanza de definir los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación durante la sesión en Diputados de la semana pasada. Fuentes del espacio que dirige Mauricio Macri sostienen que no se cumplió un acuerdo político y que el oficialismo negoció con el kirchnerismo, dejando de lado a sus aliados macristas.
“La votación (de la AGN) se realizó a las 02.55 de la madrugada del 18 de diciembre. Un motivo más que demuestra que la ilegalidad rodeó todo el procedimiento”, indica el jefe del PRO en la Cámara Baja. En ese sentido, el amparo que se dio a conocer este domingo sostiene que el asunto de la Auditoría se agregó al debate cuando no estaba en el temario específico de las extraordinarias.
En este contexto, en el PRO también advirtieron que no se trata de “una discusión política, sino de legalidad”. Su argumentación se basa en que el oficialismo habría incumplido la Constitución Nacional y no habría respetado el equilibrio institucional y el rol de los órganos de control.
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