Imputaron al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por haber montado una usina de fake news con fondos públicos

La Justicia federal de Salta imputó este jueves al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. La acusación sostiene que, durante su mandato legislativo, Estrada habría montado una usina de fake news financiada con recursos estatales, utilizando a dos asesores del Congreso Nacional para producir y difundir videos anónimos en redes sociales que vinculaban al gobierno provincial de Salta con actividades relacionadas al narcotráfico.

La causa quedó trabada durante meses debido a los fueros parlamentarios que protegían al ex legislador, por lo que la Justicia recién pudo avanzar con la investigación y la formalización de cargos tras el vencimiento de su mandato el pasado 10 de diciembre. El pedido de desafuero había sido presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad en junio de este año, pero sucesivos incidentes, inhibiciones de competencia y apelaciones demoraron el tratamiento hasta que concluyó el período legislativo de Estrada.

La resolución fue adoptada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien finalmente hizo lugar a la imputación solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El caso se originó a partir de una derivación de la justicia provincial: la Fiscalía de Ciberdelincuencia estableció que Estrada habría encargado y difundido, a través de asesores legislativos que ocupaban cargos rentados en el Congreso de la Nación, una serie de videos dirigidos a instalar el temor social y la sospecha de connivencia entre el gobierno de Salta y el crimen organizado.

El fiscal Amad recalcó que el centro de la imputación no reside en la libertad de expresión política del imputado, sino en el abuso de la autoridad y el desvío de recursos públicos para el fin indebido de financiar campañas anónimas que buscan intimidar o manipular la opinión pública.

Durante la audiencia de formalización, Amad repasó que los hechos investigados se apartan de las protecciones que asisten a los legisladores por sus expresiones en el recinto o en los medios, ya que el armado de videos bajo anonimato, instruido desde la clandestinidad y solventado con dinero estatal, excede las facultades parlamentarias y vulnera la Ley de Ética Pública. El fiscal remarcó especialmente que la maniobra habría sido encargada a dos asesores que dependían funcionalmente del ex legislador y que utilizaron recursos públicos para la producción de estos materiales.

Dos ex colaboradores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaron el delito y fueron condenados en un juicio abreviado, proceso que se llevó adelante en la Justicia provincial salteña.

Estrada, quien participó de la audiencia de manera remota, no declaró ante la jueza y a través de su defensa presentó un planteo de nulidad que fue rechazado. Según la resolución, los argumentos exhibidos no agregaban elementos novedosos y se limitaban a cuestionar el avance de la causa y la competencia, aspecto que ya había sido debatido en instancias previas. La defensa también alegó una supuesta persecución política, argumento refutado por Amad quien señaló la supremacía de las normas éticas para funcionarios públicos, que obligan a cualquier funcionario —electo o designado— a responder ante la Justicia en caso de malversación de fondos o abuso de funciones.

La jueza recordó en su resolución que, más allá de la inmunidad parlamentaria, a partir de la formalización de la imputación, la defensa tiene derecho a proponer pruebas y analizar en detalle la investigación, evitando restringir indebidamente las garantías constitucionales de la defensa en juicio.

El derrotero judicial del caso incluyó varias trabas: jueces reclamando competencia, apelaciones, un pedido de inhibitoria y sucesivos intentos de desafuero; además de dilaciones en la audiencia porque Estrada, protegido por su cargo, no participó en varias oportunidades. Fue necesaria la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones y la Cámara Federal de Casación Penal para habilitar el avance del proceso, así como el rechazo último de la recusación presentada contra la jueza luego de habilitar el trámite de desafuero.

En cuanto al estado actual de la causa, la investigación tendrá un plazo de 50 días hábiles, durante los cuales la fiscalía podrá ampliar pruebas y citar testigos. Como medida de coerción se fijó el compromiso formal del imputado de presentarse cada vez que sea notificado y la prohibición de entorpecer el avance de las pesquisas.