Judiciales26/11/2025

Cristina Kirchner suma a Juan Grabois a su defensa en la causa Memorándum con Irán

El dirigente social y abogado se incorpora como defensor sustituto en el equipo encabezado por Beraldi y Llernovoy. Será de cara al juicio oral que la Corte ordenó reactivar tras revocar los sobreseimientos.

La expresidenta, Cristina Kirchner, informó a través de un breve escrito que el dirigente social - y abogado-, Juan Grabois, se sumará a su equipo de abogados de cara al próximo juicio que afrontará en el marco de la causa por el Memorando con Irán.

Según confirmaron desde el entorno de la expresidenta a este medio, Grabois ingresará a la defensa como abogado sustito. Así, se sumará al equipo conformado por Ary Llernovoy y Carlos Beraldi.

En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia - en ese momento conformada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda (en un voto conjunto), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti - emitió un fallo en el que confirmó que la expresidenta deberá afrontar un juicio oral por el Memorándum con Irán, la denuncia que impulsó el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

La causa tomó un nuevo impulso a partir del pedido de la Cámara Federal de Casación Penal, que solicitó revocar los sobreseimientos de la dirigente peronista tanto en la causa del memorando como en la conocida como Hotesur. La decisión final de la Corte Suprema llegó luego de la apelación de las querellas del caso.

La causa del Memorando con Irán

La causa surgió a raíz de la denuncia que Alberto Nisman presentó en enero de 2015 - apenas días antes de su muerte - donde involucró a la entonces presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque (FpV) y a un grupo de dirigentes y presuntos agentes de inteligencia. El fiscal apuntaba a un supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que habría operado a través del Memorándum de Entendimiento con Irán. Según su planteo, existía un acuerdo político entre Buenos Aires y Teherán destinado a lograr la caída de las alertas rojas de Interpol sobre los imputados.

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La causa, sin embargo, fue desestimada rápidamente: el juez federal Daniel Rafecas la rechazó por “inexistencia de delito”, y la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión al mes siguiente. Cuando el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal Javier De Luca optó por no sostener la apelación. Con ese paso, el caso quedó archivado.

De manera paralela se abrió otra investigación, esta vez contra Timerman, por presunta traición a la patria. Todo surgió a partir de una conversación telefónica con el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en la que - antes de la firma del memorándum - el canciller reconocía que el atentado había sido perpetrado por funcionarios iraníes. Ese fragmento sirvió para que la DAIA pidiera la reapertura del caso original. Rafecas y la Cámara Federal lo rechazaron, pero la entidad, como querellante, insistió ante Casación, que finalmente apartó al juez y ordenó reabrir el expediente.

El Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 - en un encuentro en Alepo revelado por el periodista Pepe Eliaschev - se estructuraba en nueve puntos, incluía la creación de una Comisión de la Verdad y habilitaba la posibilidad de interrogar a los sospechosos iraníes, todos ellos con notificación roja de Interpol. El Congreso aprobó el acuerdo, aunque nunca llegó a entrar en vigencia. La Cámara de Casación lo declaró inconstitucional en forma definitiva el 21 de diciembre de 2015.

A juicio fueron enviados Eduardo Alberto Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

En 2021, el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los imputados. Los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michelini hicieron lugar a los planteos de nulidad y concluyeron que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito". En la resolución remarcaron: "El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito".

Con información de Ámbito

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