El gobierno justificó en la ONU la represión a la protesta

Para los representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el gobierno no respondió ninguna de las preguntas que le realizaron y se limitaron “victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité”.

A la hora del encuentro con los funcionarios argentinos, los expertos independientes que integran el CAT les hicieron preguntas en base a los documentos que varias organizaciones de la sociedad civil habían enviado previamente sobre la creciente violencia policial y represión estatal de la administración libertaria, entre ellas el CNPT, la CPM y el Cels. En ese contexto, el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños, de Asuntos Penitenciarios Julián Curi y de Asuntos Legales Diego Goldman denigraron la labor del CAT y repitieron sus críticas contra organismos de derechos humanos del país.

“Esta posición implica una regresión importante de nuestro país en materia de derechos humanos”, lamentó la CPM. Este organismo había presentado un informe crítico sobre la represión policial a la protesta social, en el cual dio cuenta de la sistematicidad y naturalización de la violencia policial, constatando desde diciembre de 2023 al menos 2.467 heridos y 223 personas detenidas arbitrariamente. También denunció la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, la violencia policial y la deficiente actuación judicial en la investigación de estos hechos. Al respecto, Goldman respondió que las cifras de heridos en las marchas “son todas mentiras”.

“Ni estos ni otros planteos sobre la situación de los derechos humanos en Argentina fueron respondidos por el gobierno nacional, ni contestaron específicamente a ninguna de las cifras, registros, denuncias y casos”, resumió la CPM. En representación del CNPT, estuvieron allí su presidente, Juan Manuel Irrazábal; el procurador Penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare -quien integra el CNPT- y el secretario ejecutivo, Alan Iud. Según informó el CNPT, el comité conta la Tortura de ONU puso el acento en lo que consideró una “grave afectación a los derechos fundamentales de personas que participan en marchas” y aludió a:

• La existencia de prácticas institucionalizadas de violencia contra las personas detenidas de carácter metódico, sistemático y regular.
• Su preocupación ante la información de uso arbitrario de armas menos letales en las movilizaciones sociales.
• El mantenimiento de torturas y malos tratos en contextos de encierro que constituyen prácticas arraigadas.
• La existencia de un número muy elevado de personas privadas de su libertad en instalaciones que no tienen espacio.
• Informes que reflejan violencia y acoso sexual a las mujeres detenidas, maniatadas y sin exámenes médicos.

Los funcionarios mileístas vincularon las críticas al “protocolo antipiquetes” con una “oposición nostálgica que aún no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones”. Y tal como informó Página/12, también recurrieron a la descalificación y la repetición de expresiones negacionistas como la que cuestiona la cifra de desaparecidos o la referencia a los “negocios” que se esconderían detrás de las políticas de memoria. En ningún momento de su exposición Alberto Baños aclaró que todos los sitios de memoria dependientes de su mando fueron vaciados tanto en términos presupuestarios y como de personal. “Al no poder responder ni tener datos fiables que aportar”, el gobierno “recurrió a la estrategia de victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité cuando sus preguntas resultan incómodas”, cuestionó la CPM.

Respecto del uso de armas menos letales, el funcionario Curi las denominó directamente “no letales”, y justificó su uso. Por su parte, Jorge Contesse, experto chileno y miembro del CAT, preguntó a la delegación gubernamental de la Argentina de qué depende la aplicación del protocolo antipiquetes, y si es un mecanismo adecuado, necesario y proporcional. “Antes de que me asignaran la relatoría de Argentina he visto en mi oficina hechos muy graves de afectación de los derechos fundamentales de las personas que participan en las marchas, las fotos están, de agresiones, de lesiones oculares, parecieran indicar un uso del protocolo no apegado a la legalidad”. Contesse también quiso saber si es cierto que personas que participan en movilizaciones pierden sus beneficios sociales. Curi le respondió que los organismos que estaban ahí sentados ni los canales de noticias que mira Contesse muestran los más de 200 policías heridos en manifestaciones.

“El derecho a manifestarse en paz está garantizado, si uno va a pegarle palos a la policía a tirar piedras eso es ilegal”, expresó Curi, al tiempo que defendió la aplicación de las figuras del daño y resistencia a la autoridad.

Página12