Tras declarar la Emergencia Ígnea, Río Negro endurece multas por encender fuego al aire libre

Casi al unísono con la provincia de Chubut, el Gobierno de Río Negro decretó en las últimas horas la Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios en todo el territorio, durante un año. Se trata de una medida establecida para fortalecer la capacidad del Estado, con el objetivo de prevenir la propagación de incendios forestales y responde a un escenario particularmente riesgoso por factores climáticos y antecedentes tanto recientes como los ocurridos durante el último verano.

De acuerdo con el decreto 1104/25, firmado este miércoles por el gobernador Alberto Weretilneck se prohíbe de manera estricta encender fuego al aire libre en todo el territorio que no esté habilitado expresamente, e impone multas severas para los infractores.

El riesgo extremo se fundamenta en una serie de variables climáticas que el Ejecutivo considera críticas, tales como la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca, lo que conforma un ambiente propicio para la ocurrencia y rápida propagación de incendios.

A esto se suma la mayor afluencia de personas a zonas rurales, balnearios y espacios naturales durante la primavera y el verano, lo que agrava la exposición del territorio. El Gobierno de la Provincia recordó que existen antecedentes cercanos de incendios que afectaron tanto vidas humanas como infraestructura, recursos productivos y áreas protegidas, no solo en Río Negro, sino también en provincias limítrofes.

Uno de los ejemplos más recientes es la provincia de Chubut, en donde el jefe provincial Ignacio Torres firmó una normativa con las mismas intenciones. Así quedó activo el “Estado de Emergencia Ígnea en toda la zona cordillerana”, hasta abril de 2026.

Entre las sanciones establecidas figura régimen severo de multas que oscila entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, según el grado de daño potencial o real, y la responsabilidad del infractor; y el inicio inmediato de causas penales y civiles contra quienes resulten responsables de provocar incendios, sea por negligencia o intencionalidad, a fin de recuperar los costos en los que incurre el Estado provincial para combatir y extinguir el fuego.

En ese marco, el reciente decreto extiende la prohibición a los responsables de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos, quienes deberán cumplir con estrictos protocolos de prevención y vigilancia, ajustándose a los estándares delineados en la normativa vigente.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda autorizado para utilizar todas las herramientas administrativas y financieras disponibles para abordar la emergencia, mientras que el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) tendrá la facultad de autorizar excepciones puntuales y extender el Estado de Alerta Máxima si la situación lo demanda.

Con la firma de este documento, las autoridades rionegrinas invitan además a municipios y comisiones de fomento a sumarse a la medida, intensificando las campañas de concientización y los controles en cada jurisdicción local.

Weretilneck remarcó que la mayoría de los incendios tiene origen humano y que los daños producidos poseen profundas consecuencias ambientales, económicas y sociales. “El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”, afirmó luego de la publicación del decreto.

Recién en marzo pasado, y tras varios meses de combate, el Gobierno provincial pudo confirmar que los incendios registrados en la zona de El Bolsón estaban bajo control, aunque los equipos continuaban trabajando para extinguir completamente los focos activos.

De acuerdo con el reporte provincial, el fuego afectó un total de 3.892 hectáreas y obligó a evacuar a más de 700 familias. Entre las zonas damnificadas figuraban Cascada Escondida, Las Perlas del Azul y Mallín Ahogado. La emergencia, que comenzó con los primeros focos el 31 de enero, tuvo como respuesta un operativo en el que participaron más de 400 brigadistas, bomberos voluntarios y personal de emergencias, que contaron con el apoyo de siete medios aéreos y unas 50 unidades móviles.

El Gobierno detalló que 221 viviendas sufrieron daños, de las cuales 166 resultaron totalmente destruidas y otras 55 recibieron daños de consideración.

Hacia mediados de abril, la cartera de Economía del Gobierno Nacional había emitido una resolución para dictar el estado de emergencia y desastre agropecuario en Bariloche, como consecuencia del fuego. La decisión del organismo ministerial respondía a una solicitud del Gobierno de Río Negro para brindar apoyo a los productores locales cuyas actividades productivas se habían visto seriamente comprometidas.

Con información de Infobae