La defensa de Julio De Vido pidió a la Corte revocar su condena y denunció “arbitrariedad”
La defensa del exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio de Vido, pidió que la Corte Suprema revoque la condena y tildó de arbitrario el fallo por el que volverá a prisión. Fue luego de la orden de detención del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), tras la ratificación de la Corte Suprema de la condena a cuatro años de prisión al exfuncionario por la tragedia de Once, que provocó 51 muertes en 2012.
El abogado del exfuncionario K, Maximiliano Rusconi, adelantó además, en un comunicado, que harán una presentación “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra”.
Rusconi difundió un comunicado de “defensa técnica” de De Vido, titulado: “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”. El penalista planteó que la Corte rechazó “un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente".
El abogado mencionó que el recurso fue por considerar “injustificada y arbitraria” la sentencia a De Vido en la causa de conocida como “tragedia de Once” y que el máximo tribunal, con su decisión, “posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”.
Fuertes críticas de la defensa de Julio de Vido a la Corte Suprema, que confirmó la condena por la tragedia de Once
Rusconi le hizo fuertes críticas a la Corte, que confirmó la condena a De Vido por la tragedia de Once: “La Corte omitió considerar, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión, debido a que, como se había expuesto en el mismo recurso que se rechazó, se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal, que al ser de orden público —por lo que debe ser declarado aún de oficio—; y de previo y especial pronunciamiento, debió ser resuelto en cualquier estado del proceso –incluso– antes del trámite de cualquier otra cuestión de fondo".
El abogado del exfuncionario K planteó: “La prescripción de la acción penal, operó de puro derecho. Ello resultaba evidente ya que el último acto ‘interruptor de la prescripción’ sucedió en fecha 10/12/2018, día en el que se dictó la sentencia condenatoria no firme, por parte del Tribunal Oral Federal Nº 4. Es decir, pasaron casi siete años sin que se haya contado con una sentencia completa (esto es, integrada con la determinación de la responsabilidad por la materialidad del hecho y la imposición de una pena)“.
Rusconi dijo que “cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales". Mencionó que presentaron “un recurso de reposición/revocatoria ante la Corte Suprema de Justicia" que esperan que tenga “la atención que merece la seriedad del planteo”.
El abogado además criticó a la prensa y aclaró que De Vido “nunca fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto, poniendo de relieve el Tribunal que el choque se debió a la temeridad del conductor”. Mencionó que la condena recayó sobre otra imputación, pero esta imputación es la que quedó prescripta, porque el plazo máximo de prescripción es el del máximo posible de la pena del delito atribuido —seis años de prisión—, plazo que expiró irremediablemente el 10/12/2024″.
La defensa de Julio de Vido hará una presentación ante la ONU y habló de “enorme gravedad institucional”
El defensor del exfuncionario K hará una presentación ante la ONU y habló de “enorme gravedad institucional”: “Ante la enorme gravedad institucional de lo que está ocurriendo en etapas tan oscuras para el futuro del estado de derecho, haremos una presentación ante WGAD del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Rusconi dijo que “ante lo preocupante de la situación y ante la inminente privación de libertad arbitraria del Arquitecto De Vido” pedirán a ese grupo de expertos “que actúe mediante el procedimiento de ‘acción urgente’ instando, al gobierno argentino a que las autoridades judiciales adopten las medidas necesarias para evitar que esa privación de libertad ilegal se materialice".
Con información de TN