Reforma Previsional: Analizan subir la edad jubilatoria a 70 años y aumentar los aportes mínimos

En nuestro país, la cantidad mínima de aportes para jubilarse es de 30 años, ocho menos que en España, y en el Palacio de Hacienda le vienen dando vueltas a la ecuación, ¿y si se fuera subiendo tal antigüedad en el pago de esas contribuciones del trabajador y patronales?

Actualmente, el 85% de las mujeres a los 60 años y de los hombres a los 65 no llegan a los 30 años de aportes con lo que, sin las moratorias, el porcentaje de los que reúnan los requisitos para acceder se reduciría a un mínimo.

Por ahora, el Gobierno nacional analiza y proyecta la suba de la edad jubilatoria a 70 años para ambos sexos a partir de 2030, con un aumento gradual a partir de 2027, en el marco de la reforma previsional y en cumplimiento de acuerdos con el FMI para asegurar la sostenibilidad del sistema.

La propuesta consiste en elevar la edad de forma progresiva hasta equiparar a hombres y mujeres. 

Cada año adicional de trabajo se traduce en mayores ingresos a través de los aportes de los trabajadores activos y menos años para cobrar el haber completo.

No es un tema menor para los administradores, atendiendo que el desfase se irá agravando debido al acelerado envejecimiento de la población y el déficit estructural de la Seguridad Social que obligan al Tesoro a cubrir la diferencia entre lo percibido y lo pagado.

El modelo español

Las miradas están dirigidas a España, donde se puso en funcionamiento el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que incrementa cada enero.

El MEI representa este año un recargo del 0,8 % sobre la base de cotización, de los cuales 0,67% es asumido por la empresa y 0,13% por el trabajador y se elevará al 0,9% en 2026, detalla el portal especializado Quality.

Según el Gobierno español, el MEI contribuye a fortalecer el fondo de pensiones y distribuye la carga entre empleadores y empleados.

Sin embargo, los sindicatos argumentan que esta medida constituye un "impuesto al salario", ya que disminuye la nómina neta.

Las matemáticas de las bancas parlamentarias

La participación legislativa que logre La Libertad Avanza en las elecciones nacionales de octubre determinará el alcance de las reformas previsional, laboral y tributaria comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, que se encuentran en la fase de anteproyectos.

El nuevo esquema previsional con haberes proporcionales a los aportes registrados y sin moratoria viene siendo preparado por el Gobierno de Javier Milei en concordancia con las metas fiscales antiinflacionarias presupuestadas.

La base de cálculo parte de que, desde 2022, se estuvieron jubilando a través de la Agencia nacional de la seguridad social (ANSES) en promedio unas 425 mil personas por año, pero que el 70% ingresó con moratorias y sólo un 17% según lo establecido en el régimen general.

A partir del año que viene, ya sin moratoria y con la implementación del esquema de proporcionalidad, el universo de los que no reúnen la totalidad de aportes requeridos para acogerse al beneficio, será derivado al haber asistencial de la PUAM, hoy establecido en $251.444, frente a una jubilación mínima de $ 314.305 (valores de agosto de 2025).

Como consecuencia, principalmente de la informalidad laboral extendida, la intermitencia en el trabajo registrado y el incumplimiento de los empleadores, en la práctica para esa gran mayoría ingresante el haber mínimo será de casi $63 mil menos que cuando estaba vigente la moratoria, o sea, una reducción del 20%.

Proceso español

La edad legal ordinaria para la jubilación se establecerá en España en 66 años y 10 meses en 2026 para aquellos que no cuenten con un mínimo de 38 años y 3 meses de cotización, según lo confirma el portal oficial de la Seguridad Social.  

Únicamente los trabajadores con trayectorias laborales extensas, es decir, aquellos que hayan cotizado más de 38 años y 3 meses, podrán acceder a la jubilación a los 65 años. 

Este cambio representa un incremento de dos meses en comparación con 2025 y constituye el penúltimo escalón antes de alcanzar los 67 años en 2027, salvo para aquellos que demuestren al menos 38 años y 6 meses de cotizaciones.

Esta poda inicial se agregará a la pérdida acumulada del 40% en su poder adquisitivo que arrastran los haberes previsionales desde 2017, por efecto de la inflación, los cambios sucesivos en la fórmula de movilidad y el congelamiento del bono de $70.000.

Actualmente, 5 millones de personas cobran la mínima y 1 millón accede a la PUAM, según datos del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Desde la eliminación de la moratoria previsional en marzo de 2025, la PUAM quedó como única opción para quienes no tienen 30 años de aportes registrados.

Esto afecta particularmente a trabajadores informales, monotributistas, cuentapropistas y a sectores que no recibieron aportes patronales durante años.

Desde el año que viene, los accesos a través de la PUAM irán en crecimiento.

Uno de los ejes de la propuesta oficial sería la implementación de una Prestación de Retiro Proporcional, un mecanismo que permitiría jubilarse según los años efectivamente aportados, sin derecho a completar años faltantes mediante moratorias.

Esa figura ya había sido incluida en la Ley Bases original de 2023, pero luego fue retirada.

Su aplicación significaría que quienes no lleguen a los 30 años de aportes cobrarán un haber menor, sin acceso al régimen pleno.

De modo que el haber sería proporcional a los aportes registrados durante la vida laboral, o sea, un ingreso asistencial básico universal equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), hoy fijada en el 80% de la jubilación mínima.

Entre los jubilados de la mínima y los del PUAM (20% inferior a aquel monto) se estarán proyectando a casi un 70% de la plantilla.

Otra arista para cortar se encuentran en una homogeneización o eliminación de más de 100 regímenes jubilatorios que hoy contemplan condiciones diferenciales de acceso al beneficio, según la actividad laboral.

Entre los alcanzados por la reforma se hallan los especiales, diferenciales, de insalubridad, las cajas provinciales no transferidas y las cajas profesionales.

Se cuentan los docentes, trabajadores del transporte, la salud, la construcción y empleados estatales.

Todos ellos serán evaluados con el objetivo de equiparar edad jubilatoria, cantidad de aportes requeridos y fórmula de cálculo del haber con el régimen general.

Con  información de Noticias Argentinas